sábado, 25 de julio de 2015

¿Un Estado de Derecho partisano?

     
     Si en la anterior entrada decíamos que los elementos constitutivos del partisanismo son la irregularidad, su intenso compromiso político y la criminalización del enemigo, http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2015/07/el-partisano-mas.html cuando hoy pretendemos indagar en las formas de neutralizarlo es necesario añadir su esencial cualidad táctica: el partisano funciona como una quinta columna.
           
     El disimulo, el trabajo a las espaldas del enemigo, infiltrado entre la población civil, condiciona la respuesta del Estado, pues el partisano se pone en riesgo a sí mismo, pero también a la población con la que se mezcla.
                
   ¿Puede evitar el Estado perjudicar a todos?

   ¿Puede garantizar que sus medidas sólo discriminarán a los partisanos?

      Evidentemente no.

     ¿Pero acaso el partisano puede asegurar que sus acciones sólo le pondrán en peligro a él o a sus partidarios?, ¿qué seguridades ofrece al resto?

     Por supuesto, ninguna.

   Esto es importante destacarlo por cuanto evidencia que la política partisana es un combate total, un conflicto civil con políticos de etiqueta al frente.   

  La fotografía de Mas compartiendo mesa junto al Rey de España en un acto protocolario la semana pasada en Barcelona, mientras el mismo Mas es el principal promotor de una lista unitaria cuyo objetivo es poner fin a España prueba lo dicho.

 Sentado el carácter absoluto del enfrentamiento al que aboca la política partisana, el Estado tiene que decidir cuál es la menos mala de las opciones.

  Tiene tres posibilidades.

  La fuerza, el dinero y no hacer nada, también llamada "Tribunal Constitucional y vale ya".

  La propaganda no alcanza la categoría de medio del Estado dado que también es un medio del partisano.

    Como la estrategia de no hacer nada ya ha sido puesta en marcha con el resultado de que las sentencias del Tribunal Constitucional se las pasa el partisano por el forro de sus caprichos, voy a centrarme en las otras dos, esto es, el empleo de la fuerza y el dinero.

   Declarar la ilegalidad de cualquier partido o asociación independentista y tener la voluntad de impedir sus actividades allí donde se produzcan es completamente necesario. Y no sólo por motivos delictuales.  

  Si a la política partisana se le otorga visos de legalidad, queda convertida en legal la aniquilación política del adversario, la criminalización del otro.     

  Como ejemplo de lo que digo bastará comprobar los efectos en Navarra de la no ilegalización de Bildu.

  Hay que comprender que la "justa causa" que alega defender el partisano le impide reconocer al contrario como legítimo enemigo. Por tanto, el partisano sólo da por terminada la batalla cuando el otro es aniquilado.  

  Cuando Mas dice que la independencia de Cataluña no va contra nadie esa es su mentira mayor.

  De hecho, para el partisano su "justa causa" y la eliminación del enemigo son sinónimos. En el caso que nos ocupa, la justa causa de Mas es la eliminación de lo español. Esto no admite vuelta de hoja aunque entiendo que sea difícil de asimilar para aquellos que no entienden otra política que la del salón de plenos.

  Que se obligue a retirar de los comercios las muñecas vestidas con trajes de sevillanas, que se castigue al niño que habla español en el recreo o al que rotula en castellano su negocio no es una anécdota sino la categoría. Soberanismo es persecución.

  Por tanto, declarar ilegal el independentismo no es una alternativa, es legítima defensa. No se trata de volver a la España franquista sino de acercarse a la Francia de la V República.

 No obstante, la declaración de ilegalidad del partisano y sus acciones no es suficiente. ¿Sirvió para algo la nulidad del referendo del 9-N? ¿Cómo se castiga con la ley a un votante o al defensor de una idea?

  El Estado necesita un medio irregular para vencer al irregular por antonomasia.

 Y ese medio irregular es el aséptico dinero, tan móvil y escurridizo como el propio partisano.

   Los bonos patrióticos de Mas, la elefantiásica deuda creada por el dilapidador proporcionan la oportunidad.

    La guerra entre la Unión Europea y el Gobierno griego de Syriza ha demostrado, lejos de lo que opinan los profesionales de la opinión, que la Unión Europa es un sujeto político de primer nivel.

  Y que ese sujeto político considerado como impotente, sin posibilidad alguna de utilizar la fuerza, se ha bastado y sobrado para eliminar el populismo de sus confines manejando la que a partir de ahora sustituye a la fuerza como el medio supremo en política interior: la restricción monetaria.

     Unos días de "corralito financiero" torció el brazo a Tsipras, al que apoyaba la mayoría democrática del 60% de los griegos que votaron en contra del "corralito financiero".

      Si el Estado español decidiese no sufragar más la deuda pública catalana o no realizar las transferencias que permiten financiar los servicios de la Administración autonómica, ¿cuántos días tardaría Mas en declarar que su voluntad de celebrar un referéndum por la secesión fue una broma pesada?

      ¿Cuántas horas sin dinero en los cajeros necesitaría el partisano Mas para dejar de serlo?

       Sufrirían justos por pecadores me dirán alguno de ustedes.

    ¿Le importó a la Unión Europea que los jubilados griegos no pudiesen disponer de dinero para pagar sus medicinas?

  Con esta pregunta volvemos al principio con una leve modificación.

      Empezamos diciendo que la regularidad del Estado de Derecho se enfrenta a la irregularidad del partisano.

 Terminamos diciendo que la regularidad Y LA IRREGULARIDAD del Estado de Derecho es la combinación que permitirá acabar con la irregularidad del partisano.

    Y es que si la política partisana es el máximo grado de intensidad de la lucha política pacífica y la ilegalización es la última medida política del regular Estado de Derecho, la restricción monetaria debiera ser el único y decisivo instrumento partisano del Estado de Derecho.


Coda partisana: El Estado de Derecho está familiarizado con la irregularidad monetaria. Aparte de la corrupción económica, no conviene olvidar que el Estado de Derecho es también un Estado Caníbal gracias a una Hacienda voraz.


@elunicparaiso

jueves, 23 de julio de 2015

El partisano Mas


            El 29 de septiembre de 2012 se publicó en este blog un artículo referido a la aprobación por la falange independentista del Parlamento de Cataluña, el 27 de septiembre de ese mismo año, de una propuesta que era una formal declaración de enemistad contra el resto de España. 

            En ella se instaba al Gobierno que saliese de las elecciones autonómicas del 25 de noviembre de 2012 a convocar un referéndum secesionista, pues Cataluña debía "iniciar su transición nacional basada en el derecho a decidir".

             Dado que durante la presente legislatura el Gobierno de la Generalidad no ha podido celebrar el citado referendo (lo ocurrido el 9 de noviembre de 2014 no pasó de un gigantesco simulacro), quiere aprovechar la convocatoria de nuevas elecciones regionales el 27 de septiembre de 2015 (no por casualidad tres años exactos después de la declaración de enemistad de 2012 de una parte del Parlament al resto de España) para transformarlas en un plebiscito por la independencia.
              
           Con ese fin el actual Presidente catalán ha dejado en un segundo plano a su partido, CDC, al objeto de conformar e incorporarse como número cuatro a una lista integrada por personas de todo pelaje político, aunque unidos por la finalidad de lograr la "desconexión" de España.  

         La voluntad de convertir unas elecciones legislativas en un plebiscito, y la fusión de los partidos CDC y ERC en una lista única encabezada por un comunista que, sin embargo, no presidirá la Generalidad en caso de obtener la mayoría, pues ese honor se le reserva el número cuatro Artur Mas, ratifica lo que es un secreto a voces: Cataluña está gobernada por partisanos.

         Decir esto puede no significar nada a muchos de nuestros lectores. No obstante, el  partisanismo de la Generalidad explica las teóricas extravagancias de ésta durante los últimos años, pero sobre todo la dificultad del Gobierno central para poner fin al proceso soberanista.
      
         Por ello es necesario definir brevemente cuáles son las características de una política partisana (ver "Teoría del partisano", Carl Schmitt. Ed. Trotta. 2013).
         
       En primer lugar, su carácter irregular.

       La irregularidad se concreta en desobedecer la ley que no le conviene y en aprovechar la que le interesa.
          Así, y a modo de ejemplo, el partisano Mas aprovecha el amparo legal que le otorga el derecho de convocar  elecciones destinadas a elegir personas que elaboren leyes de ámbito regional, para incurrir en un fraude de ley, esto es, convocar un plebiscito "de facto" por la secesión de Cataluña.

       En segundo lugar, el partisano acentúa su compromiso político para diferenciarse del vulgar delincuente.
           
     En realidad Mas no incumple menos la ley que un preso común. De hecho la incumple más y con mayor gravedad. Su única diferencia con el recluso es que Mas se jacta de que sus delitos no los comete en interés propio sino por el bien de su pueblo.  
        Si no disfrazara su actividad delincuencial con un manto teológico-político (recuperar la libertad perdida de su tierra) Mas no pasaría de ser un forajido de poca monta.

     La tercera característica, derivada de la anterior, es la criminalización del otro, su identificación con el mal absoluto. 

        La intensificación del compromiso político, el carácter sagrado de la lucha política del partisano convierte automáticamente en enemigo total a cualquiera que se atreva a oponerse.  Es un combate entre buenos y malos donde al malo lo mejor que le puede pasar es que huya.   

           Cuando el fin último no es ni más ni menos que "el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo" (declaración del Parlamento de Cataluña de 27 de septiembre de 2012)  ¿qué otra cosa pueden ser los españoles que no se doblegan a la voluntad del autoproclamado pueblo catalán sino ladrones de masas ("Espanya ens roba") o "hooligans" (Mas el 22 de julio en el Parlament) que hablan un idioma que debe desaparecer y cuyos símbolos nacionales deben ser demonizados en aquelarres multitudinarios?


         En resumen, la política partisana es un método de lucha irregular, cuyos fines superiores (salvar la patria o realizar el paraíso en la Tierra) exigen el sacrificio propio en aras de la victoria, y por ende, la consideración de enemigo absoluto del que se niegue a colaborar. 

                
         El problema de la política partisana es que es la más difícil de combatir para cualquier  Estado, pues los instrumentos que éste puede utilizar deben someterse a dos condiciones ineludibles: respetar la más estricta regularidad (Estado de Derecho y Tribunales de Justicia, igualdad ante la ley) y la neutralidad axiológica (todos los valores son aceptados).  
   
          Es la extrema complejidad de contrarrestar una política partisana con los medios del Estado de Derecho lo que explica la sensación de fracaso e incapacidad del Gobierno de Rajoy para desactivar la ejecución del plan soberanista de Mas.

       Es esa dificultad lo que motivó la consulta de Rajoy a Felipe González en vísperas del simulacro del 9-N para que le aconsejara cómo evitarla. González tampoco tuvo la varita mágica.

     Rajoy utilizó todas las competencias que el Estado le otorga para anular la ley catalana que convocó el plebiscito ilegal del 9-N (Abogacía del Estado, Tribunal Constitucional), pero la consulta se celebró aunque había sido suspendida de manera cautelar.

         Es muy probable que ustedes duden de que el Presidente del Gobierno utilizase realmente todo lo que tenía para evitar que los colegios electorales abriesen el 9-N.

         Sin duda pudo valerse de la fuerza y no lo hizo. O aplicar el artículo 155 de la Constitución. 

         ¿Pero se puede combatir irregularidad (política partisana) con regularidad (Estado)? Difícil.
      ¿Y se puede confrontar eficazmente, repito, eficazmente, una reclamación partisana pacífica (votar) con la fuerza estatal? Más difícil aún.

       Creo que hemos dejado planteado el dilema, que no es sólo la conversión de las elecciones legislativas autonómicas catalanas del 27 de Septiembre de 2015 en un plebiscito por la independencia, sino cómo gestionar el día después sea cual sea el resultado, cómo controlar  por medios regulares a un Gobierno periférico que seguirá comportándose de forma irregular aunque el cielo se hunda (¿cumplirá el próximo Gobierno catalán, aunque fracase el intento secesionista, las sentencias del Tribunal Supremo respecto a la política educativa y lingüística?).

           En suma, la encrucijada reside en cómo puede un Estado de Derecho neutralizar a un Gobierno partisano.

  En el próximo artículo propondremos las nada fáciles alternativas.  



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