jueves, 11 de diciembre de 2014

Sueñan los contribuyentes con deportistas evasores

   
 Parece ser que el Partido Harpobrero Español http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2014/11/de-harpo-mas-y-harpobrerismo-llegara.html a través de uno de sus diputados pide desde twitter el boicot a Repsol, Estrella Galicia y Red Bull por patrocinar a un evasor de impuestos, el sublime motociclista Marc Márquez.

     Dº Marc ha solicitado la residencia andorrana y hasta aquí podíamos llegar, ha debido pensar el Harpo Mas de guardia de la política española.  

     Algunos ven un clamor popular contra Márquez. Es posible, pues los comisarios del Estado forman ya un pueblo.

     Sin embargo, viendo el número de seguidores del deportista en twitter y los del diputado, no parece que la supuesta condición de evasor del señor Marc haya mermado la popularidad de éste o haya aumentado la del congresista por denunciarle.   

     Detalle desapercibido que revela una categoría: los deportistas españoles son adorados por los contribuyentes españoles aunque aquéllos no paguen ni un duro a la Hacienda Caníbal patria. Se llamen Márquez, Nadal o Alonso.

      ¿Por qué?  

     Porque intuitivamente, de forma natural, la ciudadanía diferencia aún con nitidez entre España y el Estado, entre la Nación y el fisco.

     La Nación es un sustrato sentimental, lo que somos porque lo fuimos, una pertenencia común (los triunfos del deportista y las desgracias de la folclórica son de todos), la creencia orteguiana.

     El Estado y su Hacienda es un ogro en absoluto filantrópico, un ente artificial que se percibe como invasor y del que se podría prescindir sin que pasara otra cosa que un gigantesco terremoto de alegría.

     La Nación crea españoles. El Estado crea contribuyentes.

    Y por mucho que les pese a los diputados harpobreros de derecha y de izquierda, la condición de contribuyente no constituye la nacionalidad, o lo que es igual, los deportistas españoles son españoles antes que contribuyentes o evasores fiscales.  

   El hecho de que desde la política se denuncie a un deportista campeón mundial que huye del infierno fiscal estatal es un intento más de los agentes del Estado Caníbal (políticos y toda su corte de mantenidos) de legitimar el expolio de éste destruyendo la reputación de los españoles.

     Intento destinado al fracaso, por supuesto. Sólo hay que ver que el piloto ha declarado que se va de España para pagar menos impuestos, pero también para librarse del acoso de los fans.
Huye del Estado Caníbal y de España, dejando a las claras que no son lo mismo.

    ¿Cabe mayor evidencia de la separación entre Estado y Nación que el hecho indudable de que el Estado hostigue a un ciudadano al que sus compatriotas idolatran?

     Y es que la Nación no es un concepto discutido y discutible porque no es un concepto. Es muchas cosas, tradiciones, historia compartida, costumbres, pero también un supuesto evasor fiscal que gana títulos mundiales que los españoles sienten como suyos.   

     En momentos en que la Nación es atacada por tierra, mar y aire, que un muchacho catalán acosado por los servidores públicos y privados del Estado huya del Caníbal, mientras los españoles le siguen venerando es el signo inequívoco de que España pervivirá a los Harpo Mas que se han apropiado de la política y creen poder hacer lo mismo con la Nación.

   

     Nota independiente.
    Un Harpo Mas catalán, apellidado Homs, manifestó hace pocos días a resultas del "caso Márquez" que Cataluña "tiene la fiscalidad más alta de todo el Estado español" y que, por ese motivo, no es una comunidad "especialmente atractiva". 
    No obstante, aconsejó a Dº Marc que pagase los impuestos en su "propio país, que es Cataluña".
  En principio cabría esperar que el motociclista le hiciera caso, pues porta con gusto la bandera separatista cuando da la vuelta de honor a los circuitos después de sus victorias.
    Pero no. Al señor Márquez no le ha convencido el comisario. Parece ser que sabe diferenciar entre la Nación y el Estado, por muy catalanes que sean ambos. 

 


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sábado, 6 de diciembre de 2014

Mariano Rajoy, "el Apaciguador"


            El día 12 de Noviembre el presidente de Gobierno compareció en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa para dar su opinión sobre la "performance" independentista de Mas, Harpo Mas, el 9-N en Cataluña.
           
            Cuando se le preguntó si el Gobierno no había hecho dejación de funciones al no impedir la celebración del acto, el presidente dijo que no, que actuó de manera "proporcionada", añadiendo que "hice lo que tenía que hacer", es decir, recurrir al Tribunal Constitucional, que declaró ilegal la consulta.

            Al escucharle tuve la certeza de que Rajoy pasará a la historia como el Chamberlain español del s. XXI. El Apaciguador.  

            Si al recuerdo de Neville Chamberlain siempre le acompaña la frase "la paz para nuestros tiempos", pronunciada en 1938 a su llegada a Londres después de hablar con Hitler en la Conferencia de Múnich, Rajoy pasará a la historia por su lacónico comentario "hice lo que tenía que hacer" para justificar su inacción el día en que tuvo lugar el auto de fe separatista.

            Si la respuesta de Churchill al Primer Ministro británico, miembro del Partido Conservador igual que Chamberlain, fue "tuvo usted para elegir entre la humillación y la guerra, eligió la humillación y nos llevará a la guerra", a Rajoy nadie del Partido Popular le ha contestado con algo parecido a esto: "tuvo usted para elegir entre ejercer de presidente del Gobierno o recurrir al Tribunal Constitucional, eligió el Tribunal Constitucional y desde ahora mismo le invito a que deje de ser presidente".   

            Debo aclarar que el ejercicio del Poder Ejecutivo no es incompatible con la solicitud de intervención del Tribunal Constitucional, pero aquél no se agota recurriendo a éste, que precisamente es lo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

            Rajoy ha demostrado no conocer, o no querer conocer, que existen dos medios de hacer cumplir las leyes: el modo "administrativo" y el modo "judicial", utilizando la terminología del sabio Tocqueville.
            El modo administrativo se dirige siempre a la causa, el otro al efecto. El uno es directo, el otro es indirecto.

            Un caso práctico.
          Imaginemos que un pueblo de cualquier país decide y anuncia que un día concreto va a realizar un acto que el Gobierno de ese país considera ilegal.
            El Gobierno decide impugnar la decisión del pueblo en los tribunales, que la declaran ilegal en el ejercicio de sus competencias, pero el alcalde del pueblo insiste que se va a celebrar.  
         En ese supuesto la función del Gobierno, el motivo de su existencia, es impedir que la ilegalidad se produzca en la fecha que se ha anunciado que se va a realizar, ordenando los medios de que dispone el Poder Ejecutivo a tal efecto.
            Y además, sólo además, llevar al alcalde a los tribunales por el acto ilegal que pretendía consumar o que consumó.   

            Si el Gobierno del país de nuestro caso práctico no impide el acto ilegal anunciado con día y hora infringe su principal obligación, esto es, que se cumpla la ley.
            Por tanto debemos volver al principio, a las dos formas de hacer cumplir las leyes.
            Según el modo administrativo, el Gobierno tendría que ser destituido de forma inmediata a iniciativa de los ciudadanos del país o de otros órganos institucionales.
            De conformidad con el modo judicial, todos sus miembros serían puestos a disposición de los tribunales civiles y, si es el caso, criminales.

            No obstante, cualquier parecido del caso práctico con la realidad de la situación política española es pura coincidencia, que diría el "ciencia-ficcionista", que es así como se llama ahora a quien aplica el sentido común y el pensamiento clásico a las circunstancias de la vida social.  

          Por eso "el Apaciguador" no debe temer por sus sinecuras..., o sí.


          Anécdota de la efemérides constitucionalista.
         Parece ser que Dº Mariano Rajoy le ha dicho que nones al señor Pedro Sánchez, Secretario General del Partido Harpobrerista Español, en lo que respecta a su demanda de modificar la Constitución.
          Le alabo el gusto a "el Apaciguador". Dado que no la va a cumplir ni hacer cumplir, qué más le da una Carta que otra. "Con la que hay me apaño" -habrá pensado-.


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viernes, 21 de noviembre de 2014

Entre Harpo Mas y el "harpobrerismo". ¿Llegará a tiempo Groucho? (I)


Los políticos españoles deben su inspiración a una leyenda del humor, Harpo, el mudo de las películas de los hermanos Marx que se reía a mandíbula batiente de todo el que se le ponía por delante. Eso sí, en silencio, sin hacer el más mínimo ruido.

De la misma forma que los que no quieren ser españoles proclaman que hay muchas formas de ser español, en España también hay varias maneras de ser Harpo.  

En Cataluña todos los Harpos tienen como primer apellido Mas, Harpo Mas, y se concentran en el Parlamento regional con una distribución muy repartida.
Ayer, los Harpo Mas de CiU, pero también los del PSC, se opusieron a que los antiguos consejeros de Pujol comparezcan en la Comisión de Investigación encargada de ocultar el latrocinio del Molt Honorable, ¡pero sí citaron a la representante del Partido Popular, la señora Alicia Sánchez Camacho, que jamás fue ni ayudante del chófer de Pujol!

¿Era necesaria tanta crueldad?.

Cuando acuda la interfecta a deponer, los Harpos Mas serán más Harpos que nunca: no hablarán, no preguntarán. Se limitarán a reírse en la cara de la "pepera".

El PSOE es un partido muy aficionado al tal Harpo, también a Marx, Karl Marx, pero últimamente triunfa la corriente Harpo pura y dura.  De hecho, para ser Secretario General del PSOE en el s. XXI es necesario que te doctore "cum laude" en "harpobrerismo" alguna Escuela financiada por el celebérrimo partido, es decir, por todos ustedes, ja, ja, ja, ja. Cuatro jas.

En qué consiste el harpobrerismo, me dirán.

Es el pos-socialismo, pero no en el sentido de una doctrina o una praxis mejorada respecto a la teoría o práctica original, no.

El harpobrerismo es pos-socialista en tanto en cuanto lo que sigue al juramento de fidelidad al socialismo es la francachela al por mayor a costa de la mayoría silenciosa que, pase lo que pase, continuará creyendo en el socialismo.

No hay duda que para alcanzar tal manejo del arte del trile hay que estudiar mucho. 

Los resultados de tanto esfuerzo intelectual a la vista están.  
También ayer tuvimos un magnífico ejemplo de lo que escribo. El actual Harpobrero Jefe, el señor Sánchez, manifestó que no se opone al blindaje del catalán, es decir, que los castellanohablantes en Cataluña van a ser objeto de mofa con todas las de la ley, legalmente vamos, por los catalonaparlantes. Ja, ja, ja, ja. Otros cuatro jas.

El Partido Popular, lástima, carece de Harpos.
Su dirigencia, su Presidente, es tan débil que ni siquiera tiene fuerzas para reír. Quizás ya ni la mínima necesaria para salir en la foto de familia acompañando a los numerosísimos primos y hermanos Harpo de la política patria. Ellos son Gummo, aquel hermano Marx que jamás apareció en la pantalla.  

Nos quedaría aún el último modelo de baja costura marxiano-marxista: el Harpo Chico. "Podemos" obviarle.  

Pero, ¿y Groucho?, ¿quién es el Groucho de la clase política española, dominada por los Harpos de toda laya?
Después del fracaso de la alianza entre UPyD y Ciudadanos el auditorio pierde la esperanza de que aparezca un talento inteligente y se apodere de la escena antes de que las distintas familias Harpo, que Dios las crea y ellas se juntan, destruyan la Casa Común.

Deben tener paciencia.

Al menos hasta leer la próxima entrada del blog.


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domingo, 2 de noviembre de 2014

Síndrome de Estocolmo y tabla rasa.

            
           Hoy el diario “El Mundo” publica una entrevista con el Presidente de Extremadura, señor Monago, en el que literalmente declara: “siempre cabe la capacidad de entenderse dentro de un proyecto de desarrollo de Extremadura con Podemos o con quien sea”.

            Con independencia de que el señor Monago no sabe lo que dice (¿pactaría con Hitler?, ¿lo haría con Stalin?, -con un hijo putativo de éste último parece que sí-), sus comentarios coinciden con una encuesta publicada hoy mismo por el periódico “El País” según la cual Podemos es el primer partido político en intención de voto. O lo que es igual, a los prochavistas les votaría la todavía nutrida clase media del país.

            El comportamiento del aún Presidente extremeño, elegido por un sistema político cuyo eventual aliado Podemos pretende destruir, sería comparable al de los diputados de la Asamblea francesa que ante la huida y posterior captura de Luis XVI en las proximidades de Varennes, votaron que el rey no había huido, sino que ¡había sido secuestrado!, aprobando por amplísima mayoría el Decreto de 15 de julio de 1791 que declaró a Luis XVI inviolable; para luego, ¡los mismos diputados!, votar año y medio después la condena a muerte del rey inviolable.

            En cuanto a los ciudadanos que están dispuestos a apoyar a Podemos quizás deban escarmentar en cabeza ajena reflexionando un momento sobre dos hechos históricos ocurridos a sus teóricos enemigos de clase.
            Los traigo a colación (evitando la manida Alemania nazi, Cuba castrista o Rusia soviética) porque demuestran que el voto puede ser el mejor instrumento para imponer la servidumbre voluntaria, incluso a los que no tenían la obligación de servir.

            La nobleza francesa votó el 4 de agosto de 1789 a favor de una ley que autorizaba la compra de los derechos feudales a razón de treinta veces los ingresos anuales que recibían por esos derechos señoriales (“Teoría Pura de la República”, Antonio García-Trevijano). Es decir, intercambiaron las fuentes de su libertad e independencia por una gigantesca masa monetaria que no pudieron gastar antes de ser guillotinados.   

            Algo parecido ocurrió en la Revolución Americana, donde “las leyes más democráticas fueron votadas por los hombres a cuyos intereses más lesionaban, apresurando con ello el triunfo del nuevo orden. El Estado de Maryland, que había sido fundado por grandes señores, fue el primero en proclamar el sufragio universal e introdujo las formas más democráticas en el conjunto de su gobierno”. (“La democracia en América”, Alexis de Tocqueville).

            Resulta obvio que el pueblo español está tan harto de la clase política que cualquier resultado electoral que no garantice la revuelta, la tabla rasa, será considerado alta traición.

            Está bien.

            Pero antes de acudir a las urnas debiéramos recordar que no sería la primera vez que los ciudadanos y todo tipo de clases sociales votan en contra de sus intereses.

            Esperemos que su intención de voto hoy no les obligue a buscar un dictador mañana.

            Ojalá coadyuven al advenimiento de un sistema basado en la libertad política y en los impuestos bajos. Un paraíso fiscal, vaya.


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miércoles, 29 de octubre de 2014

"PÚNICA GRANATUM"



            Este artículo viene motivado por la noticia de que la Guardia Civil ha utilizado un latinajo como nombre en clave de la operación en la que ha resultado detenido Francisco Granados, número dos de Esperanza Aguirre, sí, pero también el número dos de Tomás Gómez, José María Fraile.

            ¿Cuántos agentes o funcionarios de los que intervinieron, directa o indirectamente, en la "performance" saben latín?, ¿y cuántos la lengua teutona?, pues parece que “Gürtel” es el apellido en alemán de Francisco Correa, el capo de la famosísima trama.

            Me atrevo a pronosticar que ninguno.

            Por eso creo que la policía no puso el nombre a “Gürtel” antes, ni a la operación “Púnica” ahora.

            ¿Quién ha sido el autor, entonces?

            El ex presidente José María Aznar dijo en 2005 en la comisión de investigación del Congreso creada a raíz del atentado del 11-M algo muy parecido a esto: “los que idearon el 11-M no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas”.

            Es obvio que los que se han inventado los nombres para denominar esas dos actuaciones contra la corrupción política, aunque no deben ser policías, tampoco deben andar muy lejos.

            Pero el señor Aznar también tiene dicho que “sean quienes sean los autores del 11-M, consiguieron su objetivo: cambiar el curso político de España”.   

            ¿Es la operación “Púnica” un intento de cambiar el curso político de España, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid?

            De España, veremos.

            De la Comunidad de Madrid, fuese su objetivo o no, lo ha cambiado objetivamente, pues ni Aguirre se podrá presentar ya como candidata a alcaldesa, ni Tomás Gómez como elegible a la Presidencia de la Comunidad si el PSOE quiere tener opciones reales de ocupar el cargo.
            Habiendo quedado deslegitimados sus lugartenientes, ambos están muertos en términos políticos.

            Pero ¿por qué ese presunto interés por la caza a esa mujer y a ese hombre?

            Barrunto que no hay otro que la negativa de los dos políticos enfrentados durante años a cara de perro, a entrar en una Gran Coalición en Madrid, preludio de una Gran Coalición en el Gobierno de la Nación.  

             El sistema de la Transición, del consenso, sabe desde hace mucho tiempo que la Gran Coalición es su último refugio ante el resquebrajamiento de su muro de Poder.

            De hecho el consenso es eso, una Gran Coalición.

            Aquel que la obstaculice será laminado.

            Quien que la apoye entrará en el reparto.

 
           
            Nota epilogal:
            Dicen que PP y PSOE no han alcanzado un pacto contra la corrupción.
            Yo creo todo lo contrario.
            El pacto contra la corrupción es forjar una Gran Coalición PP-PSOE. 
            El primer paso necesario, aunque no suficiente, habría sido dar luz verde a la “operación Púnica”. 
            ¿Qué nos quedará por ver?, ¿tendremos que, además de ver, sufrir?
            

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domingo, 19 de octubre de 2014

De "auctoritas" y tácticas.


        Para Gori y Ángel. Ellos saben por qué.

            Cuando escribo este artículo el movimiento “Podemos” celebra un congreso-asamblea para organizarse como partido político al uso.

            Grave error formal que quizás lamenten en poco tiempo, pues la gloria presente del lema “Podemos” no radica en su Poder (nulo) sino en que se han apoderado de la legitimidad (“auctoritas”). Y la legitimidad hoy exige mantenerse fuera de la lucha electoral-partidista.  

            Pero vayamos con la idea de “auctoritas”. Ésta supone un conjunto de virtudes que el pueblo cree que encarnan generalmente en una persona, una clase social o una institución, y que precisamente por ello le siguen de forma libre y espontánea.  
            “Auctoritas” sería lo contrario de Poder, pues frente a éste sólo cabe la obediencia pasiva.
           
            Todo Poder necesita legitimidad para vivir tranquilo, para garantizar su supervivencia, pues aunque la fuerza asegura la sumisión, no la asegura completamente.
            Sin embargo, si se gobierna con el consentimiento de los gobernados la fuerza deviene inútil.

            La legitimidad de los gobernantes en el Estado Caníbal se la otorga ser representantes de la dizque soberanía nacional, esto es, el Presidente Rajoy es un gobernante legítimo porque le ha votado el pueblo.   

            La novedad de la situación política española es que existen dos legitimidades:

            a) La formal, que se concentra en las autoridades del Estado que han salido de las urnas.

           b) La material, que reside en el movimiento “Podemos” en tanto una parte del pueblo considere que representa las virtudes que las autoridades del Estado perdieron hace tiempo. 

            La doble legitimidad en un mismo espacio político sólo existe cuando el Poder público resulta tan ineficaz, tan corrupto que carece de cualidades a ojos de la ciudadanía.
            Esto es lo que ocurre en España en las postrimerías del año 14 del s. XXI, pues el PSOE y el PP son meros instrumentos del Poder ayunos de cualquier virtud.

            En teoría, las próximas elecciones generales debieran hacer coincidir al Poder con la “auctoritas”, retornando la paz al orden político.  

            Y a eso juega el referido movimiento al transformarse en partido político: intenta convertir  su “auctoritas” en Gobierno del Estado después de pasar por las urnas.

            Pero si no logra todo el Poder a las primeras de cambio “Podemos” no podrá, pues el tiempo y la frustración marchitan todo, también las supuestas virtudes del movimiento-partido.

            Conscientes de su eventual impotencia, pero también de que la “auctoritas” es ya una forma de Poder, afirman que “el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto”. Parece que no se conformarían con la derrota e intentarán hacer valer su fuerza.

            Pero si intentan ese asalto ello será su fin, pues la legitimidad de las urnas otorgará todo el Poder del Estado al nuevo Gobierno, convirtiendo en polvo la legitimidad bis de “Podemos”.  
             
            ¡Qué lejos aquella primavera de 1958 en la que el pueblo francés convirtió la “auctoritas” de De Gaulle en Poder sin necesidad de que éste tuviese que convencer al Parlamento!

               El General no necesitó asaltar nada porque él representaba la autoridad superior.
          Ni siquiera tuvo que descender para asumir el Poder del Estado. Al contrario, no abandonó la jerarquía que le otorgaba la "auctoritas" ni cuando ejerció el Gobierno.

             Hoy, el triunfo de la supuesta nueva “auctoritas” depende de la táctica.
       ¿Pero de qué "auctoritas" hablamos cuando su éxito requiere de alianzas electorales, de asaltos, de maniobras orquestadas en la oscuridad, en suma?, ¿no será que la supuesta nueva legitimidad no lo es tanto?.
         Y es que cuando la táctica tiene que venir en apoyo de la "auctoritas", ésta no pasa de ser demagogia para aventureros. 


           
            Coda táctica:
            Parece ser que en el congreso-asamblea del movimiento su cabeza visible, Pablo Iglesias, se enfrenta a una fuerte oposición interna que pretende diluir el culto al líder. Craso error.
            La legitimidad representa virtudes, pero el “asambleísmo” no es una de ellas.
        Lo esencial de la “auctoritas” reside en las virtudes (“Podemos”, desde mi punto de vista, carece completamente de ellas), pero sobre todo en que éstas se hacen carne en el líder al que el pueblo sigue.  
            El líder que representa a la “auctoritas” es la “auctoritas”.
            El líder es legítimo por sí mismo.  
            Cuando el líder no necesita convencer porque todo lo que diga es verdadero, eliminarle es destruir la “auctoritas”. 
            Por ello, no elegir a Pablo Iglesias es acabar con "Podemos".


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domingo, 28 de septiembre de 2014

El 9-N y los problemas insolubles

  

            Esa máxima ingenua de que “hablando se entiende la gente” quizás tenga su fundamento filosófico en la tríada dialéctica de tesis, antítesis y síntesis.

            La tesis vendría a ser una razón parcial, la antítesis su contrario en tanto razón distinta, y la síntesis una razón completa dado que supera a la tesis y a la antítesis.

            Cuando un político dice que “hablando se entiende la gente” es porque cree que no existe problema que no pueda arreglarse mediante el establecimiento de una solución razonada superior a la voluntad individual de cada una de las partes.

            Esto es desmentido por la vida misma, pues, por ejemplo, ¿cómo adjudicar algo indivisible que quieren dos personas a la vez?
            El denominado conflicto árabe-israelí nos ilustra cómo es imposible generar siempre una síntesis por medio de la razón cuando dos partes pretenden apropiarse de forma exclusiva una misma cosa, el mismo pedazo de tierra. 
            Lamentablemente, hay contenciosos que son incapaces de superar la antítesis.

            En el momento en que un asunto se convierte en insoluble lo es para la eternidad, salvo que una parte elimine a la otra. Es decir, cuando el entendimiento fracasa, la fuerza es el último recurso.
            Es el drama de la vida. También de la política.

            Por eso, el fin de la política racional no debiera ser el intento de resolver problemas sin solución mediante el diseño de síntesis imposibles de realizar, sino evitar que los conflictos alcancen la condición de problemas insolubles, anticiparse a la rotura de la convivencia.

            Y para ello lo principal es no atender las razones parciales de uno o de otro, sino facilitar compromisos entre las partes que dejen a salvo las razones de uno y de otro, esto es, lograr que dos partes compartan la misma cosa.   
            Y si alguna de ellas no está dispuesta a alcanzar un acuerdo de convivencia, excluirla por la fuerza, sean cuales fueren sus razones parciales, pues la razón política debe ser ajena a las razones particulares cuando éstas pretenden romper la razón superior: la convivencia. 
           
            Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la política de la Generalidad de Cataluña convocando un referéndum secesionista el 9 de Noviembre de 2014, intenta convertir un teórico problema entre España y Cataluña en un conflicto sin solución al intentar apropiarse de una cosa que no es sólo suya.

            Los argumentos históricos, ideológicos, políticos, económicos, no tienen cabida en este asunto cuando el objetivo de esos argumentos es excluir a una de las partes que también es propietaria de ese territorio y que también tiene argumentos históricos, ideológicos, políticos y económicos para quedarse.

            La separación de Cataluña de España sólo prosperará mediante la discriminación de los no separatistas.
        
            Ante esa amenaza, a la razón política sólo le queda una alternativa: neutralizar a los separatistas excluyentes y fomentar los compromisos del resto.
            O lo que es igual: el Presidente de la Generalidad debe ser detenido hoy mismo. Al día siguiente se debería disolver el Parlament y convocar nuevas elecciones autonómicas, declarando ilegales a todos los partidos políticos que apoyan o persigan la independencia. 
           
            Ese sería el camino para recuperar una gran amistad.

            Lo contrario, el diluvio: la conversión de un problema en insoluble.
           

            Nota: La solución de recurrir ante el Tribunal Constitucional la convocatoria del referéndum separatista es esencialmente inútil, pues mientras los separadores no sean apartados de la Generalidad, el problema continuará, pero peor.


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martes, 16 de septiembre de 2014

No al Tribunal Constitucional, sí a la Nación



            Ante la supuesta amenaza del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, respecto a que el Gobierno podría suspender la autonomía catalana si la Generalitat persiste en celebrar la consulta popular el 9 de noviembre del presente, voces autorizadas del Gobierno han dicho pocas horas después de la intervención del señor ministro que no, que no está previsto suspender la autonomía de ninguna Comunidad Autónoma, pues entienden que bastará con dos recursos al Tribunal Constitucional.

            ¿Por qué acude el Gobierno al Alto Tribunal para defender la unidad de España?, ¿no tiene otra opción que no sea la judicial?

            El Gobierno de Rajoy parte de la premisa del ex Presidente Zapatero de que “la nación española es un concepto discutido y discutible”, y para evitar la discusión lleva el asunto nacional a un terreno pretendidamente independiente y neutral: la Constitución, la legalidad.

            Dado que entre las competencias que el artículo 97 de la Constitución atribuye expresamente al Gobierno no está la de garantizar la unidad de la nación, el Poder Ejecutivo se ampara en el genérico y mayestático artículo 2 que declara que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indisoluble de todos los españoles”, para impedir la independencia de un territorio.
            Es decir, puesto que la Constitución se fundamenta en la unidad de la Nación, la secesión de un territorio dejaría sin fundamento a la Carta Magna.
            O lo que es igual, mientras la Constitución perviva, la integridad de la Nación también lo hará.

            ¿Y quién decide sobre la Constitución? El Tribunal Constitucional, por supuesto.

            Hasta aquí la explicación de por qué el Gobierno ha elegido la vía judicial para defender la unidad del país.

            Trasladar un problema político como la continuidad o no de la Nación a un ámbito judicial (aunque esté controlado por las cúpulas de los partidos políticos) tiene como objetivo evitar que al Gobierno le acusen de ser juez y parte, pues otorgando el poder de decisión a un tercero, a la máxima instancia judicial respecto al control constitucional, el Poder Ejecutivo se lava las siempre sucias manos de la confrontación política en las aguas limpias y claras de la justicia.  

            Ahora bien, debería resultar obvio que si la permanencia de España depende de las decisiones del Tribunal Constitucional, esto significa que la continuidad de la Nación siempre queda al albur de las mayorías políticas que se puedan formar en el referido Tribunal, pues no conviene olvidar que su composición la deciden los partidos políticos.
            Visto lo visto no es absurdo conjeturar con el hecho de que los políticos puedan conformar en el Tribunal Constitucional una mayoría de magistrados que decidan, por ejemplo, que Cataluña no es España si los catalanes lo deciden en referéndum, ergo la separación de Cataluña no afectaría a la Nación ni al fundamento de la Constitución, dado que Cataluña no sería España.

            Pero sobre todo, dejar al Tribunal Constitucional como defensor último de la pervivencia de la Nación supone birlarle al pueblo, a los ciudadanos, la soberanía política para otorgársela a una instancia del Régimen, del Estado de Partidos, en cuanto si la unidad de la Nación es el fundamento de la Constitución, y sobre el fundamento de la Constitución decide el Tribunal Constitucional, es éste quien decide sobre la Constitución y por ello sobre la unidad nacional.  

            ¿Pero acaso le queda otro camino al Gobierno que no sea el judicial?

            Evidentemente que sí.

            La vía política de convocar al pueblo que le otorga el artículo 92 de la Constitución, el cual declara que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, convocado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados.

            Es decir, el Gobierno puede convocar a los ciudadanos españoles, esto es, a la Nación, para que decidan sobre la secesión de un territorio.

            Si no lo hace es para evitar que los españoles decidan, dejando la soberanía popular en manos de un órgano político-judicial controlado por los partidos políticos.
         De esa manera impide que la ciudadanía se pronuncie hoy a favor o en contra del separatismo, y mañana a favor o en contra de la Constitución que ha dado cobijo legal a un régimen donde la corrupción se ha hecho norma.

            Por tanto, remitir el expediente catalán al Alto Tribunal es la forma grosera que tiene el Gobierno de ciscarse en la soberanía nacional a mayor gloria del Estado de Partidos, del Estado Caníbal.

             Una más. Seguramente no será la última.


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sábado, 6 de septiembre de 2014

El delito de lesa humanidad o la continuación de la guerra por otros medios.


        Dejábamos en el último artículo a apócrifas ONG escudriñando cómo imputar a Cameron por crímenes de lesa humanidad a raíz de su combate contra el decapitador Estado Islámico.

            Y es que la política se ha convertido en una actividad profesional harto peligrosa a fuer de intentar que la violencia desaparezca de la faz de la Tierra. Curiosa paradoja.

           Desde la popularización mediática del delito de lesa humanidad, el político sólo tiene dos alternativas: o se convierte en bambi o se hace yihadista.
           
            En realidad, tiene otra, más lírica que real: transformarse en mago para conseguir que las balas o bombas que dispare contra el enemigo esquiven a la población civil dejándola indemne, al tiempo que hacen blanco en el cien por cien de los objetivos militares.
            Mientras no se alcance esa mágica precisión, la posmoderna espada de Damocles para políticos, esto es, el delito de lesa humanidad, pone a cualquier dirigente  ante una decisión del tipo “lo tomas o lo dejas”: no utilizar la fuerza para no ser acusado de crímenes contra la humanidad o utilizar la violencia con todas sus consecuencias pasando a ser considerado autor de abominables crímenes contra la humanidad.
            Si opta por la primera opción, su pueblo será pasto de alguno de los “Estados Islámicos” que en el mundo hay. Si elige la segunda, terminará convirtiéndose por la lógica de las cosas en un tirano para garantizar que nadie ose procesarle a causa de semejante delito mientras viva.

            Pasemos de las opiniones a los hechos fijándonos en dos casos del pasado siglo que ilustran las consecuencias políticas de la doctrina ético-jurídica llamada "delito de lesa humanidad".
           
            El golpista chileno Augusto Pinochet terminó su gobierno tras la derrota en un plebiscito que convocó en 1988. Es decir, el golpista abandonó el poder de forma democrática,  aunque se mantuvo como jefe del Ejército hasta marzo de 1998.
            Pues bien, Pinochet estuvo detenido en Londres desde octubre de 1998 hasta marzo de 2000 a la espera de ser extraditado a España, en aplicación del principio de “justicia universal” que trata de evitar la impunidad de los denominados delitos contra la humanidad. Finalmente no se concedió la extradición.
           
            Si hubiera sido extraditado su destino no habría sido muy distinto al del antiguo dictador panameño Manuel Antonio Noriega, que después de entregarse al ejército de EE.UU. el 3 de enero de 1990, estuvo encarcelado en aquél país hasta que el 27 de abril de 2010 fue extraditado a Francia, siendo devuelto a otra cárcel en Panamá el 11 de diciembre de 2011. A sus casi 81 años sigue en prisión esperando nuevos juicios. 

            De estos dos sucesos los políticos susceptibles de ser acusados de crímenes contra la humanidad (en realidad, todos) dedujeron el siguiente principio: jamás se debe abandonar el poder, pues la muerte es preferible a la pérdida del poder. O mejor dicho: perder el poder significa morir.

            Véanse ya en el s. XXI, esto es, después de Pinochet y de Noriega, los casos de Sadam Hussein en Irak o de Bashar al-Asad en Siria.

            El primero, después de abandonar Kuwait y perder la guerra con EE.UU. a principios de los noventa, siguió en el poder hasta que en 2003 los aliados volvieron a invadir Irak como consecuencia de los atentados del 11-S. Después de ser detenido y sometido a juicio durante dos años, fue ahorcado la víspera de Nochevieja de 2006, por supuesto, por ser responsable de crímenes contra la humanidad.

            En cuanto al tirano Bashar al-Asad, actual Presidente de Siria, a día de hoy sigue perpetrando crímenes contra la humanidad porque sabe que si deja el poder el destino le tiene preparada una despedida al modo Sadam Hussein.  

            Por tanto, la historia más reciente coincide con la tesis del presente artículo: el delito de lesa humanidad ha provocado que los políticos que en algún momento utilizaron la violencia por el motivo que fuere, terminen sus días convertidos en asesinos de masas aferrados al poder para evitar ser juzgados como autores de delitos contra la humanidad.

            La historia también nos demuestra que la eliminación del referido delito y el ofrecimiento de una salida al tirano ahorra crímenes contra la humanidad.

            Ben-Ali, el Presidente tunecino hasta enero de 2011, abandonó el país rumbo a Arabia Saudí a resultas de un levantamiento popular.
            Gracias a la monarquía de la península arábiga, los tunecinos no sufrieron crímenes contra la humanidad por parte de Ben Alí, pues éste no necesitó cometerlos para seguir viviendo.
            De hecho, nunca fue juzgado por ése delito, aunque enfermo en Arabia Saudí y con 75 años, fue condenado en rebeldía en 2012 por un tribunal militar de su país a 20 años de prisión.
            Si no hubiera habido un refugio para el dictador tunecino en Arabia Saudí, es algo más que probable que Ben Alí siguiera hoy en el poder cometiendo crímenes contra la humanidad como única forma de sobrevivir.


            El delito de lesa humanidad, el principio de jurisdicción universal, dificultan en grado sumo la paz, incluso el armisticio, pues prolonga la guerra, la encarniza, dado que al criminalizar el uso de la fuerza por los políticos convierte el derecho penal en la continuación de la guerra por otros medios.
            En este contexto a los políticos no les queda otra defensa que seguir combatiendo para continuar en el poder como única forma de evitar que se les aplique el dizque derecho penal internacional, esto es, la venganza.  

            El objetivo de la creación del delito de lesa humanidad era que los políticos no usaran la fuerza ante el temor de ser castigados penalmente.
            Sin embargo, ¡oh, paradoja!, lo que ha conseguido es atemorizar todavía más a los políticos que ya lo estaban (bambis), mientras ve la luz una nueva generación política destinada a gobernar precisamente porque no tienen miedo de utilizar la violencia: la de los dirigentes que se ríen del delito de lesa humanidad.

            Los bárbaros asesinos están de enhorabuena: el futuro (y el presente) de la política está en sus manos. 

            Pero no debemos temer, dirán los defensores de la venganza política.
            Al final, cuando los autores de crímenes contra la humanidad hayan matado hasta la extenuación para evitar que les apliquen el referido delito, haremos justicia y caerá sobre ellos la espada de Damocles, la aplicación de la pena por haber cometido el delito de lesa humanidad, o sea, la muerte.

            El problema consiste en que a los muertos que se pudieron haber evitado de no existir semejante delito nadie les podrá preguntar si consideran justo que ellos fueran el precio que hubo que pagar para que los moralistas y los justicieros duerman en paz.


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domingo, 17 de agosto de 2014

Media humanidad es culpable del crimen de lesa humanidad contra la otra media.


             
            La creación del Tribunal Penal Internacional en 1998 para perseguir y condenar a los responsables de crímenes contra la humanidad ha sido el último paso en la criminalización de la política.
            En teoría, un supuesto avance del llamado Estado de Derecho.
            En la práctica, convierte a la política en una actividad reservada a dos tipos humanos: los hipócritas cobardes y los fanáticos.

            La definición de crimen contra la humanidad encierra un conjunto de delitos (asesinato, exterminio, deportación, tortura, violación, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales…), cometidos como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil.

            En la guerra librada este verano entre Israel y Hamas (cuando escribo esto se encuentran en “alto el fuego”, aunque en lo que debe ser una versión posmoderna de “alto el fuego”, Hamas sigue lanzando cohetes a Israel), las ONG defensoras de los derechos humanos se ocuparon en declarar “urbi et orbi” por enésima vez que Hamas era culpable de crímenes de lesa humanidad, pero que Israel, faltaría más, también lo era.
            Lo que no se atreven las ONG ni una sola vez es a llevar su razonamiento hasta el final: dado que Hamas cuenta con apoyo popular (en las elecciones generales de 2006 consiguieron mayoría absoluta en TODOS los territorios palestinos, esto es, en Gaza, pero también en Cisjordania) e Israel es una democracia, los culpables últimos de los crímenes contra la humanidad son los palestinos que votan a Hamas y los israelíes que apoyan a su Gobierno.

            El caso no es exclusivo de Israel y Hamas. “Human Rights Watch”, otra ONG, ha acusado hace pocos días de crímenes contra la humanidad al actual Presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, por la masacre hace un año en la acampada islamista en El Cairo.
            Como no podía ser de otra manera, la prestigiosa ONG “Human Rights Watch” tampoco concluye su argumento: dado que en las elecciones presidenciales de junio de 2014, menos de un año después de la matanza por la que se le acusa de crímenes contra la humanidad, el presuntamente asesino Al Sisi ha sido elegido nuevo Presidente del país con el 96,91% de los votos (con una participación del 47,5%), la mayoría de los egipcios son responsables de crímenes de lesa humanidad.

            Cuando los autores de crímenes de lesa humanidad son respaldados por su pueblo, el crimen de lesa humanidad termina en un oxímoron: la democrática humanidad que vota a autores de crímenes contra la humanidad es responsable de crímenes contra la humanidad.

            Es disculpable que las ONG no reconozcan que media humanidad es responsable de crímenes contra la humanidad contra la otra media humanidad, pues si lo hicieran deberían cambiar el argumento ideológico que justifica su existencia, esto es, la eterna, imprescriptible, culpabilidad de cualquier político que usa la violencia, y la tierna inocencia de los pueblos que padecen a los dirigentes que votan.

            Por eso, ahora, deben andar ocupadas en la incriminación del primer ministro británico Cameron como autor de crímenes contra la humanidad por colaborar en la masacre de la población civil que habita en los territorios controlados por el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), cuyo máximo dirigente, por supuesto, faltaría más, es también autor de crímenes de lesa humanidad contra toda la humanidad que no forma parte del EIIL.

            Y mientras se fabrica esa limpia y preciosa equidistancia, los territorios que Cameron ayuda a masacrar (léase Mosul), presentan su tendido eléctrico lleno de cabezas que han colgado aquellos que Cameron intenta liquidar.   

            Seguiremos hablando del referido delito.

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viernes, 8 de agosto de 2014

De la casta a la secta

         
           Por lo visto anda muy afanado el Ministerio PSOE por construir la “unidad de la izquierda” con Podemos, IU y Equo (?).

            Una funcionaria del partido socialista, negociado Tertulias, publicó el 5 de agosto un mensaje en su cuenta de facebook que así lo revela:

            “Si de verdad somos de izquierdas, ¿no es lo más eficaz que nos agrupemos todos en el mismo equipo para hacer frente a lo que nos está matando?”
            “Si de verdad sois de izquierdas, si de verdad sabemos dónde hay que juntar esfuerzos, estáis haciendo el ridículo. Una persona de izquierdas sabe que lo importante es cooperar por el mismo objetivo, no competir”.
            Si de verdad sois de izquierdas, demostrad que os podéis sentar juntos, comprometeos y no luchar por el poder parcelado.
            Si de verdad sois de izquierdas haced el favor de no echaos mierda los unos a los otros.
            Si de verdad sois de izquierdas…”. Discúlpenme si no sigo. 

            Semejante letanía es probable que se constituya en la oración de bienvenida a los asistentes a los próximos cónclaves que celebrarán las cúpulas eclesiásticas reconocidas con los nombres de PSOE, IU y Podemos.

            Arengar a los propios al grito de “si de verdad sois de izquierdas…”, no es un argumento de razón, ni siquiera una declaración política, es el rezo del feligrés que anhela ver religado al rebaño en torno a una idea mesiánica, la Izquierda.

            Porque en la secta no se discute el objeto social de la misma, que se da por sentado y está más allá de cualquier discusión.
            Volvamos a la literalidad del mensaje de la burócrata: “una persona de izquierdas sabe que lo importante es cooperar por el mismo objetivo, no competir”, “¿por qué no dignificáis los nobles objetivos de nuestra supuesta lucha común?”.

            ¿Pero cuál es ese noble objetivo de la Izquierda?.

            Por supuesto el mismo que el de cualquier idea mesiánica, llámese Catolicismo, Judaísmo, Mahometanismo: el Bien Universal…, venido al mundo gracias al Catolicismo, el Judaísmo o el Mahometanismo. “Sentaos y demostrad que sois capaces de trabajar juntos por el bien de la ciudadanía”, concluye el responso de la funcionaria política.

            ¿Por qué extraño motivo todas las sectas se apropian del Bien Universal y consideran “al otro” como enemigo, como asesino?. “Hacer frente a lo que nos está matando” –dice la oración que comentamos-.

            El problema de la Izquierda no es que busque el Bien Universal, sino que pretenda conseguirlo ella sola a costa nuestra y en contra nuestra.
            Así, todos los españoles que no sean de Izquierdas son asesinos que les están matando.
            Y en cambio, todos los españoles que sean de Izquierdas son buenos aunque maten de verdad, pues padre no peca. 

            En resumidas cuentas, descubrimos que lo que sustituirá a la tan denostada casta política será una secta pseudoreligiosa.  
            ¿Pero qué es más peligrosa?, ¿la casta?, ¿la secta?, ¿ninguna de las dos?
           
            Sin duda la secta, pues parafraseando a Lee Marvin en “Los Profesionales”, la casta es un “accidente de nacimiento”, mientras que la secta “se ha hecho a sí misma”.

            Lo que en términos políticos significa que la secta puede evitarse que nazca y se propague, mientras que la casta es consustancial a la sociabilidad humana (ver “La ley de hierro de la oligarquía” de Robert Michels). 

            Prueba del diferente grado de maldad  (la bondad, como algunos Estados, es un concepto fallido) es que las sectas se criminalizan en cuanto sus miembros son, literalmente, martillo de infieles; mientras que las oligarquías (la casta) simplemente ignoran o desprecian a los infieles, lo que no les impide dejarles vivir, aunque sea mal.

            La plegaria de la exsecretaria general de la Internacional de las Juventudes (¡qué sarcasmo!) Socialistas revela que es igual de antigua que una monja alférez, pero mucho peor.   

            Amén.

           
POSDATA: El refugio de las sectas son los partidos políticos. Ante la penalización de las sectas, éstas sólo pueden sobrevivir apropiándose de las llaves de las celdas.
            Si quiere acabar con las sectas, vigile a los partidos políticos.


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