El
Parlamento autonómico catalán aprobó el pasado 27 de Septiembre una propuesta
en la que se insta al nuevo Gobierno autonómico que resulte de las elecciones
regionales del 25 de noviembre, a convocar un referéndum secesionista.
Tal
decisión se funda en la “necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda
determinar libre y democráticamente su futuro colectivo”, por lo que la
Comunidad debe “iniciar su transición nacional basada en el derecho a decidir”.
Lo
relevante de lo aprobado gracias a la iniciativa de la falange independentista de las Cortes catalanas es que supone una declaración de
hostilidad política, esto es, una oposición bipolar extrema: de una parte
Cataluña y de otra España. Sin más.
La
respuesta del Gobierno español a la pública
manifestación de enemistad ha sido rechazar la resolución del Parlament por dos motivos:
a)
Es ilegal.
b)
No es racional.
No
obstante, la legalidad ya quedó en un segundo plano, dado que “si el
Gobierno (español) le da la espalda y no autoriza ningún tipo de referéndum ni
de consulta, pues hay que hacerlo igualmente” (Presidente de la Generalidad,
segunda sesión del Debate de Política General, 26 de Septiembre).
Y
en este asunto la razón o sinrazón de los independentistas catalanes para separarse es indiferente,
pues “con relación al enemigo, no es suficiente tener razón, ni siquiera actuar
racionalmente; el enemigo, -resalta Julien Freund-, SE IMPONE A NOSOTROS POR SU
PROPIA VOLUNTAD, SIN HABERLO NOSOTROS ELEGIDO”.
“¿Por
qué ha de necesitar el afán de gloria de una justificación científica?".
“Los
pretextos morales y las justificaciones ideológicas son por completo ajenas al
esquema teórico de la dinámica conflictiva”. (Jerónimo Molina, “Julien Freund.
Lo político y la política”. Ed. Sequitur. Pág. 157).
Por tanto, las
reacciones del Gobierno a la “voluntad” de secesión yerran de manera flagrante porque
obvian lo principal, la declaración de enemistad, pues creen que al enemigo
basta con amenazarle con la ley, razonarle o darle largas para que desaparezca. En pocas
palabras, su política consiste en aplicar el dicho popular de que “dos no
pelean si uno no quiere”.
Y
efectivamente así es, pero “dos pelean si uno no quiere”…, si el que no quiere sale
corriendo, lo que en términos políticos significa que el enemigo, el que
manifestó la “intención hostil”, ha triunfado. No hay que descartar que la clase política española no aspire a otra cosa.
De
cualquier forma, el partido sólo ha sido convocado “sine die” (Cataluña "celebrará" un referéndum secesionista),
por lo que habrá que comprobar si el partido finalmente se juega o si se suspende por
incomparecencia de alguno de los equipos.
Y
si se disputa, aún está por ver el resultado.
Lo
que resulta indudable es que si el partido se juega, es decir, si la
declaración de enemistad se lleva hasta el final, ni la amenaza de la legalidad
ni la supuesta razón o razones (económicas, jurídicas, históricas, etc.) de cada una de las partes serán
elementos que tengan la más mínima relevancia en el desenlace final, pues será
el ejercicio de la fuerza la que dicte sentencia.
Y
con el fallo, ¡ay, el lenguaje!, vendrán las consecuencias:
Si
no se produce la secesión, el nacionalismo llamado periférico quedará desterrado
de España.
Si
se consuma cualquier división, el régimen político de la Transición caerá.
Una manera muy española de cambio político, pues habríamos tenido que romper el país para que el sistema cambiase.
Pero
no hay que preocuparse, son cosas que pasan por estos lares, pues “España y su
clase política somos así, señora”, que diría el dramaturgo Marquina.
twitter: @elunicparaiso
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