viernes, 20 de julio de 2012

Cómo crecer gracias a las Comunidades Autónomas.


  
         La opinión unánime es que el Gobierno tiene que tomar medidas que incentiven el crecimiento económico para que los programas de reducción del gasto no aumenten el número de parados, y para incrementar la recaudación fiscal con el objetivo de estabilizar el déficit público.

            Se dice que las medidas tendrían que afectar al ámbito financiero, el fiscal y de la seguridad social, y el de los servicios.

          El financiero le daría por encauzado desde la cumbre europea del 29 de Junio del presente que dio luz verde a que el fondo de rescate (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, FEEF), pudiese comprar deuda soberana, además de con el préstamo de hasta 100.000 millones de euros al Estado para que rescate a la banca.
          La liberalización de los servicios el Gobierno la hará. 

          Quedaría la pata fiscal.

       Con independencia de que no creo que ni el Gobierno ni ninguna institución política “per se” pueda solucionar la “crisis posetílica” que viene atravesando la economía española desde hace un lustro, hoy, con la prima de riesgo a más 600 puntos, voy a sugerir al Presidente Rajoy una decisión que si pasase al Boletín Oficial del Estado le haría entrar en la historia como el líder que ayudó a que el país enfermo se levantase de la cama y andara.

            No quiero hacerles esperar respecto al contenido de la medida: posibilitar una inmediata rebaja de impuestos.
            Pero tendrán que terminar la lectura para entender la forma de implantarla, que resulta tan esencial como la propia decisión. 

            En la entrada del día 25 de Febrero del año en curso, titulada “Deconstruyendo el Estado. Práctica del paraíso fiscal” defendía que el desarme fiscal de una sola Comunidad Autónoma proporcionaría el incentivo para que la inversión renazca y su efecto multiplicador se traslade al resto de las regiones del país.

            En la misma fundamenté que sí se pueden implantar regímenes tributarios propios de un paraíso fiscal en territorios que forman parte del ámbito europeo.
            El argumento jurídico le proporciona la propia Unión Europea, concretamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, y su Sentencia de 6 de Septiembre de 2006 relativa al régimen fiscal de las Azores.
  
            Al amparo de la jurisprudencia citada, el Gobierno de España tendría que hacer lo mismo que hizo respecto a la liberalización de los horarios comerciales con el Decreto de la pasada semana (ver artículo 27 del Real Decreto-ley, 20/2012, de 13 de Julio).
       Es decir, otorgar a todas las Comunidades Autónomas (CC.AA.) la competencia para que éstas PUEDAN REDUCIR SUSTANCIALMENTE EN SUS TERRITORIOS, YO PROPONGO HASTA UN MÁXIMO DEL 50%, LOS TIPOS MARGINALES DE IRPF E IMPUESTO DE SOCIEDADES.
          Eso significaría que el tributo a las mercantiles quedase en el tipo marginal del 15%, y el que afecta a autónomos y pequeños empresarios (IRPF) en el marginal del 25,5%, aplicando en éste tributo ese límite de reducción del 50% en todos los tramos del mismo.   

          Como es obvio, en el IRPF el Gobierno exigiría que la reducción de los tipos fuese igual en la parte del impuesto que corresponde a la Administración Central que en la dependiente de los entes autónomos, pues en caso contrario éstas no reducirían el porcentaje del impuesto que tienen cedido.
            Y además, se establecería un acuerdo entre el Gobierno y cada Comunidad Autónoma para aminorar las transferencias de la Administración Central a cada región, debido a la proporcionalmente superior merma de ingresos de la primera a causa de las rebajas impositivas en tributos en su mayor parte estatales a favor de los empresarios de las segundas.  

       El otorgar libertad a las CC.AA. para que pudiesen aplicar las citadas reducciones tributarias, conseguiría neutralizar toda oposición política a la medida (el que no quiera que no las aplique) e incentivar la competencia entre los distintos territorios por la captación de inversiones tanto españolas como extranjeras.

         No sólo no podrían alegar egoísmo de la Administración central (el Estado reduciría sus impuestos propios si ellas estuviesen dispuestas a aceptar una importante reducción de ingresos), sino que la introducción de la competencia entre ellas les obligaría a poner a dieta sus estructuras burocráticas para adaptarse a la contracción recaudatoria.  

         Bastaría que una sola Comunidad aceptase una bajada drástica en su territorio de IRPF y Sociedades, para que inmediatamente las colindantes tuvieran que hacer lo mismo a fin de evitar una fuga masiva de capitales, produciendo una reacción sucesiva que tendría efectos estimulantes en la recuperación de la actividad económica del país. 

         Analicemos sin pérdida de tiempo las que podrían ser peores consecuencias de una medida como la que propongo: reducción de ingresos estatales y autonómicos que podría terminar en un aumento a corto plazo del déficit público, y una eventual suspensión de pagos del Estado que exigiría el rescate del país.
        Como dato del que partir, el número 222 (año 2011) de Cuadernos de información económica de FUNCAS advertía que una rebaja del IRPF destinada a impulsar la economía hasta alcanzar un crecimiento del 2,5% necesario para iniciar la creación de empleo tendría un coste recaudatorio de 25.000 millones de euros, una reducción del 35% de los ingresos previstos para éste impuesto en 2011.

       Con independencia de que el déficit público se puede controlar y la suspensión de pagos evitar no sólo aumentando la recaudación sino reduciendo gastos, ¿cómo estamos a día de la fecha?.

        Fuerte reducción de ingresos estatales y autonómicos en lo que va de año (según la Agencia Tributaria, datos de Julio, en el acumulado anual la recaudación por impuestos hace un año era de 70.141 millones  y este es de 66.729), que han impedido la estabilización del déficit público, y un aumento de las posibilidades de una eventual suspensión de pagos del mismo Estado ante la escasa y costosísima financiación exterior. 
       Con un añadido: la actividad económica y el consumo interno paralizado, y el desempleo por las nubes.

      O sea, hoy no estamos en un escenario semejante al que en teoría sería más indeseable a causa de la rebaja impositiva, sino en uno peor, pues con ésta el crecimiento resucitaría.

       De manera inevitable, el rescate del país pasa por la competencia fiscal entre Comunidades Autónomas. 
   

    
Coda dedicada al Ministro comunista, Dº Cristóbal Montoro.

El pronto ex-ministro convirtió ayer jueves a James Rubalcaba Dean en todo un "liberalazo" acusándole en el Congreso de ser un irresponsable por permitir que el PSOE rebajase el Impuesto de Sociedades.

Utilicemos por un momento el método comparativo. 

A principios de este mes de Julio el Tesoro irlandés logró colocar 500 millones de euros en letras a tres meses a un interés medio con un coste inferior al que debe afrontar España.
La Agencia de Calificación Fitch avanzó que Irlanda podrá financiarse totalmente en los mercados a finales de 2012.
A día de la fecha, el Estado español registra una probabilidad de quiebra del 40,5%, frente al 38% de Irlanda.

Impuesto de Sociedades en Irlanda 12,5%.
En España 30%.

Paro en Irlanda 14,60%.
En España 24,60%.

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miércoles, 11 de julio de 2012

¿De qué se quejan los funcionarios si han subido el IVA?


         
              Tributo, por supuesto voluntario, a Hans Hermann-Hoppe y al maestro Jerónimo Molina.


           Para un servidor resulta incomprensible que los funcionarios se opongan en la calle porque les han “quitado” una paga extra.

            Pues, ¿qué tendrían que hacer entonces todos aquellos que además de no ser funcionarios les han subido el IVA?.

            Si fuera empleado del Estado caníbal no estaría enfadado sino moderadamente satisfecho.

            Veamos por qué.

            Todos los ciudadanos que no son funcionarios pagan impuestos.

            Sin embargo, ¿pagan tributos los miembros de la función pública?.

            Rotundamente no.

            Vamos a imaginar que se implanta el paraíso fiscal que propugno.

            En principio, todo el mundo mejoraría su nivel de renta dado que los impuestos se reducirían para todos de manera drástica, y como “Hacienda somos todos”, champán y galletas para todos.

            Pero la realidad desmiente a la teoría, pues los funcionarios no sólo no se verían beneficiados por la eliminación de impuestos, sino que verían reducida su renta a cero, a cero patatero, dado que sin tributos estatales sus ingresos simplemente desaparecen.  

            La consecuencia evidente ES QUE NINGÚN EMPLEADO PÚBLICO PAGA IMPUESTOS, SINO QUE VIVEN DE ELLOS, los consumen. Un ejemplo.

            Pongamos que un funcionario, laboral o de carrera es indiferente, recibe un salario mensual de 2.000 euros y paga 1.000 de impuestos en el mismo periodo por todos los conceptos.

            El resultado neto es que el empleado público gana 1.000 euros limpios de polvo y paja.

            Por tanto, ESE FUNCIONARIO NO SÓLO NO PAGA IMPUESTOS, SINO QUE CONSUME 1.000 EUROS DE IMPUESTOS QUE SON DETRAÍDOS DE LOS INGRESOS DEL RESTO DE CIUDADANOS QUE NO RECIBEN RENTAS DEL ESTADO CANÍBAL.

            Jamás protestará un funcionario por una subida de impuestos, pues viven de ellos.

            Por tanto, hoy que el Estado les ha “suprimido” una paga, deberían estar contentos porque la Hacienda Caníbal ha aumentado sustancialmente el IVA, gracias a lo cual ellos podrán seguir consumiendo tributos.  

            Sin embargo se quejan.  
            Vuelvo al principio, ¿qué tendrían que hacer entonces todos aquellos que además de no ser funcionarios les han subido el IVA?.

            Y es que el egoísmo es un vicio que nubla la vista.


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