domingo, 31 de julio de 2016

La paradoja del mediocre a cuenta de "ciudadano Felipe"


El artículo que hace el número cien del blog pretendía que fuera algo especial.

Pero como no voy a hablar de la geografía ni de nuestras tradiciones, mi gozo en un pozo. O lo que es igual, el post no puede tratar más que de la rampante mediocridad. 

¡Qué le vamos a hacer!

El caso es que un dizque comunista se jacta con facundia de considerar a Su Majestad Felipe VI como "ciudadano Felipe".    

Entiende el aristócrata de los Presupuestos del Estado que con ello pone al monarca "en su sitio".

¿Pero qué hace el prócer al cambiar el tratamiento del Rey?

El objetivo, viniendo de un orgulloso republicano de la II República, no puede ser otro que rebajar el rango del titular de la Corona. De Su Majestad a ciudadano. 

El problema de semejante sustitución es que el diputado siniestro, queriendo degradar la institución de la Monarquía, lo que está haciendo es echar por tierra la condición de ciudadano.

"¡Felipe, no eres más que otro ciudadano!", -sería el mensaje escasamente subliminal del orgulloso izquierdista.

Parece ser que ésta ocurrencia resulta graciosa a los medios de información afines al comunista, que no pierden oportunidad de resaltarla cuantas ocasiones se tercien.

La verdad es que un servidor no le encuentra la gracia por ningún lado, aunque la importancia de quien esto escribe se aproxima a cero.

Lo realmente grave para el chistoso es que Saint-Just, el célebre revolucionario francés que seguro nuestro protagonista tanto admira sin saber por qué, consideraría el sarcasmo una infamia, un delito precisamente contra los ciudadanos y contra el pueblo.  

Saint Just, veinteañero que ejerció de acusador en la Asamblea contra el luego guillotinado Luis XVI, en su famoso discurso dejó dicho que la monarquía no es un rey, sino "el crimen de realeza" y que la soberanía del pueblo era "cosa sagrada".

Pero sobre todo gritó al cielo que lo que en ningún caso era el rey era "un ciudadano". "¿Qué es un rey comparado con un francés?" -sentenció-.

Los ciudadanos para Saint Just eran sujetos políticos que determinaban la voluntad común..., excepto el rey, ajeno por completo a la voluntad omnipotente del pueblo.

Los defensores de Luis XVI en la Asamblea aceptaron el argumento de los jacobinos y pidieron que fuera el pueblo soberano quien tuviera la última palabra sobre el destino del monarca.

Lo que fue respondido con la célebre diferencia entre "voluntad general" y "voluntad de todos", es decir, aunque todos perdonasen, la voluntad general no puede hacerlo.

La víctima (el pueblo) no puede perdonar al culpable (la Monarquía), y dado que el Rey va unido a la institución, la ejecución del monarca es la única forma válida de dar por finiquitada a la Corona y por reparado el crimen de realeza.

Siguiendo la estricta literalidad de las palabras de Saint Just, es obvio que el funcionario político patrio admirador de Saint Just habría sido enviado a la horca por Saint Just por considerar al monarca un ciudadano, esto es, una persona con derechos políticos capaz de concurrir a la formación de la voluntad general.

Sin embargo, ¡oh paradoja!, por blasfemar contra la república y el pueblo al considerar al Rey Felipe VI un ciudadano, el político perdonavidas que se declara republicano pasa entre sus votantes y entre los que no lo son por ferviente antimonárquico.

El hombre moderno se constituye en sujeto político porque no quiere ser lo que es.

La novedad histórica consiste en que quiera ser alguien peor de lo que realmente es.

Artículo centenario y centenares de políticos mediocres y analfabetos rabiosamente orgullosos de serlo.

¡Lo hemos conseguido!



Saint Just seguramente  fue catalán, rama indepe.
Por lo visto algunos diputados catalanes han decretado la independencia unilateral de Cataluña proclamando la soberanía absoluta del Parlament, obviamente sin que el pueblo al que tanto apelan les haya dado su aprobación.

No obstante, conociendo la diferencia establecida por Saint Just y sus camaradas entre "voluntad general" y "voluntad de todos", ¿algún lector piensa que si los ciudadanos de Cataluña se opusiesen a la voluntad general de Puigdemont, Mas y Junqueras éstos amantes del género humano catalán les harían caso y se irían a sus catalanas casas?

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viernes, 29 de abril de 2016

Elogio de la confesión

A Luis Aguilar, por motivos totalmente confesables


Uno de los símbolos esenciales de la decadencia del cristianismo es la pérdida de prestigio de la confesión, ese ritual con dos caras de una misma moneda: la autodenuncia y el perdón. 

En realidad su ocaso no debe extrañarnos. ¿Para qué vamos a confesarnos si toda una suerte de formas de delación se cuidan de hacerlo por nosotros?

La denuncia, la querella, la amplia gama de informes administrativo-policiales, el interrogatorio, las cámaras de seguridad y Hacienda, sobre todo Hacienda, nos liberan de la penosa costumbre milenaria de reconocer voluntariamente nuestros errores.

Ahora bien, como nadie da duros a dos pesetas, el precio de evitar la confesión es el rastreo eterno de la culpa.

La ventaja de declarar de manera espontánea el error era su extinción por medio de las obras de penitencia.

Ese doble juego de arrepentimiento íntimo al que le sigue el perdón permitía que la conciencia de cada uno fuese la auténtica y más eficaz coacción terrenal.

Ese decir secreto, pero ininterrumpido, al que no escapaba el más mínimo desliz nos dispensaba de padecer los severos dispositivos de indagación que hoy se nos aplican, eso sí, de forma democrática.     

El principio de derecho penal según el cual todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, paradójicamente ha conducido a que el Estado tenga toda la legitimidad para demostrar por cualquier medio, por supuesto democrático, que cada ciudadano es culpable.

La judicialización de las conductas individuales ha convertido en inútil la conciencia, puesto que si no se demuestra mi culpabilidad después del múltiple escrutinio de inspectores, bancos, jueces, policías y sus inacabables artilugios investigativos será porque estoy limpio, ¿no?   

De momento, -cabría contestar-.  

Y es que la ciudadanía no se divide entre culpables e inocentes, sino entre culpables y provisionalmente inocentes.

Cuando el procedimiento de vigilancia era la confesión, el mal quedaba en la Iglesia y desde allí se remitía al Cielo con el fin de evitar que su acumulación obstaculizase la vida cotidiana.

Hoy todos los delitos, faltas y banalidades se guardan en archivos infinitos a la espera de ser utilizados conforme a criterios de oportunidad.  

El culpable siempre tendrá un testimonio de su pasado y el todavía inocente un historial plagado de pequeños desórdenes que anticipan su inexorable culpabilidad.  

El olvido de la confesión como procedimiento válido para expiar las faltas ha convertido la vida en un escenario de espías, donde el miedo impide otra acción que no consista en protegerse de lo que hiciste ayer.

Cuando la Audiencia Nacional gobierna jaleada por el entusiasmo de los políticos que se llenan la boca de multitud, he creído necesario echar mi cuarto a espadas y hacer un elogio de la confesión en perjuicio del control administrativo-judicial de los actos de los políticos y de las multitudes. 

Creo que ahora estoy en condiciones de explicar por qué despenalizar la financiación ilegal de los partidos políticos no debe suponer impunidad, sino la forma de evitar que la política se convierta en la memoria selectiva de venalidades para beneficio de logreros. 


Fouché en su archivo
Si hay un personaje que ilustra el contenido del artículo ése es Fouché.
El jacobino que terminó sirviendo a Luis XVIII, a cuyo hermano Luis XVI contribuyó a asesinar; el Ministro de la Convención, del Imperio y de la República, basó su poder en la acumulación científica, puntillosa de las deshonestidades públicas y privadas de los políticos.
El retrato que Stefan Zweig (Ed. Acantilado, 2011) hace del "Mitrailleur de Lyon" es el mayor elogio, por vía indirecta, que jamás se hizo a favor de la confesión pública como forma de evitar a los Fouché que deben su éxito a la administración de las miserias en que consisten los archivos del Estado.



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sábado, 9 de abril de 2016

De nacionalistas extranjeros


La rueda de prensa  de "Leniglesias" de ayer por la tarde en el Palacio de la Generalitat anunciando que defendió, defiende y defenderá un referéndum vinculante de secesión en Cataluña, y su declaración el mismo día por la mañana en las instalaciones del Congreso respecto a que se deben permitir consultas de autodeterminación a todos los territorios que insistan en ello, suponen una evidencia: Iglesias es un "nacionalista extranjero".

La frase es del socialista Léon Blum, el que fue Primer Ministro francés en los años 30 del siglo pasado, y la utilizaba de manera pertinaz para caracterizar a los comunistas franceses que defendían a la URSS contra los intereses del pueblo galo.

Debo su conocimiento a la inagotable sabiduría de Raymond Aron.

"Leniglesias" es nacionalista de la imaginaria República de Cataluña, de la muerta de hambre República Bolivariana de Venezuela, de la finca de los hermanos Castro a la que éstos, en una muestra de humor negro, tuvieron a bien poner por nombre "Cuba".

Es nacionalista hasta del Cantón de Cartagena si Cartagena insiste lo suficiente en independizarse de la cárcel de pueblos que es la gloriosa Murcia.

En fin.

Si las obras de pensamiento político que cambiaron el mundo se encierran en libros pequeños, a los estadistas se les reconoce por sus frases lapidarias.

Apliquémonos el cuento y acabemos.

Para desacreditar a Iglesias ante el pueblo español sólo se necesitan dos palabras: "Nacionalista extranjero".

¿No existe en España un político con el coraje para pronunciarlas?

Es sencillo: Pablo Iglesias fue, es y será un nacionalista extranjero.


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martes, 22 de marzo de 2016

Los deseos son comunistas


El siglo XX sólo aportó una modificación al tradicional juego político, y no fue el populismo.
 
Siempre hubo demagogia, pero el carácter  esencial de ésta consistía en que sus programas estaban hechos para no ser aplicados.

Esto acabó en el siglo XX, pues desde entonces se trata justamente de lo contrario, es decir, se hace lo que no se puede hacer, e intentándolo se demuestra que "sí se puede".  

Dicho de otra manera, una vez cubiertas las necesidades queremos ver cumplidos nuestros deseos.  

No dudo que el hombre sea un animal político. Sin embargo, lo que aspira a ser en el siglo XXI es un hombre satisfecho, del latín "satisfactus", formada por el prefijo "satis" (bastante, suficiente) y el verbo "facere" (hacer, estar hecho). Esto es, satisfecho significaría "estar suficientemente bien hecho".

El hombre insatisfecho de nuestra centuria sería una especie de medio hombre, un ser que no está bien constituido.

Y así, contrariado por su triste destino, vive su existencia el hombre con "hechos diferenciales", vacaciones pagadas, cartilla de la Seguridad Social, pensiones de jubilación y educación gratuita para su mermada prole.

Y en esas estamos los occidentales, pues España es sólo un ejemplo de tantos.

¿Alguien ha calculado el coste para el presupuesto estatal de la prestación universal de los derechos recogidos en los Capítulos II y III de la Constitución?

Quizás nadie lo haya hecho simplemente porque aunque el cálculo sería posible, la provisión de los servicios derivados de los derechos, no.

Pero es igual.

Los electos se tiran los trastos a la cabeza porque todos se reprochan mutuamente no cumplir con lo preceptuado por la Carta Magna, y los electores creen que aquélla es algo más que un catálogo de buenas intenciones en lo que a derechos económicos y sociales se refiere.   

Es más, si preguntáramos a la ciudadanía qué espera del Gobierno es muy probable que contestara "que se cumpla la Constitución".

El problema queda así planteado: el pueblo quiere que se satisfagan sus derechos constitucionales, pero el Estado no puede hacerlo por simple incapacidad económica.

La novedad reside en que la respuesta de cualquier político profesional al párrafo anterior oscilaría entre "¡qué dice usted, fascista!, a la más aséptica pero igual de absurda "el Estado sí puede garantizar y proveer todos los derechos reconocidos por la Constitución a los españoles".

La negación de la escasez es una de las auténticas innovaciones políticas del siglo.

Los escasos liberales que a modo de adorno pululan melancólicos por cada vez menos partidos políticos, se quejan de que no hayan pasado ni treinta años desde la caída del Muro de Berlín para que el antiguo comunismo avance en Europa, ¡paradojas de la vida!, gracias a los dizque nuevos partidos.  

No entiendo su disgusto. El comunismo siguió propagándose, vía extensión de los derechos sociales, un segundo después de su caída en el Este de Europa, pues universalizarlos es el programa político de los partidos comunistas, con independencia de su marca electoral.

Si creen que miento pueden escuchar a Iglesias, a Sánchez, a Garzón... Pero prefiero que oigan al comunista de honor, al custudio de las esencias marxistas, Dº Julio Anguita González.


¿Pero la gente en realidad sabe lo que es el comunismo?, ¿quiere ser comunista?

No. Ni liberal.

Lo único que las multitudes entienden y exigen es ser ricas.

Y aunque a la abundancia se puede llegar por muchos sitios, gran parte de la ciudadanía entiende que la forma más recta consiste en exigir al Estado que cumpla de inmediato y al pie de la letra los Capítulos II y III de la Constitución.  

Y no se equivocan dado que los derechos económicos no son sino un gigantesco método de redistribución.

Hasta hace no tanto la riqueza se alcanzaba por la capacidad y el mérito de cada individuo, familia o empresa. Era una función esencialmente privada.

Sin embargo, hoy la prosperidad se logra sobre todo mediante el acceso al uso y disfrute de una tabla creciente de servicios públicos, reconocidos solemnemente en la Legislación.

Se decía que el comunismo iguala por abajo.

De acuerdo, pero las Cartas Magnas igualan por arriba. Todos deben ser ricos. Vean, si no, el catálogo de prestaciones exigibles.   

Los derechos humanos prefiguran el comunismo perfecto.

La URSS representaba el comunismo pobre. Occidente es el comunismo opulento.

¡Cuánta razón tenía Marx! El comunismo es un sistema que sólo lo pueden resistir los países adinerados.

@elunicparaiso

jueves, 10 de marzo de 2016

Por qué despenalizar la corrupción.

           
        "Todas las cosas que duran largo tiempo se van embebiendo poco a poco hasta tal punto de racionalidad que llega a parecer imposible que hayan surgido de la irracionalidad. Puede decirse que no hay historia de una génesis que no sea sentida como algo paradójico y sacrílego. En el fondo, ¿qué hace un buen historiador sino contradecir?"  (Nietzsche, Aurora).


        Los seguidores del blog conocen que apenas se utilizan citas, y el motivo es que todos disponemos de grandes frases de eximios autores para casi cualquier cosa y su contraria.

     No obstante, la que encabeza este artículo creo que era necesaria para neutralizar las trazas de irrealidad que aparentemente rodean a alguno de los post, pues el tono profanador del blog desde su mismo título pretende diluirse cuando los argumentos que se utilizan empapan de racionalidad el objeto de cada una de las entradas.

   Sigo pensando que despenalizar la financiación ilegal de los partidos políticos con efectos retroactivos será inevitable si no queremos que un pasado delictuoso encapote el porvenir.

    Si la anterior manifestación parece una salida de pata de banco, espero que cuando terminen de leer el artículo semejante juicio se les aparezca como inexorable destino.

    Para empezar quiero que escuchen y vean tanto el fundamento objetivo como el subjetivo de la referida despenalización con efectos sobre sucesos del pasado.  


    Hace ya más de tres años que el aspirante a vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, consideraba legítimo y solicitaba de forma pública que los asesinos de cientos de españoles de toda edad y condición saliesen de la cárcel sin cumplir sus penas porque su organización había dejado de matar.

    "La pena es relativa, sirve para proteger a la sociedad de un peligro, y ello incluye lo que se llama resocialización".
     "La retirada de ETA del escenario político español y vasco es a día de hoy un hecho incontestable". Indigno eufemismo para no decir que los verdugos habían dejado de matar.

      Continúa: "En este contexto cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles".
     "Alguien dirá que algunos han cometido delitos gravísimos. Sin duda. Pero también los cometió Rodríguez Galindo, al que los socialistas hicieron general. También los cometieron los policías Amedo y Domínguez. Y desde luego no es que se hayan podrido en la cárcel, precisamente".
   "Eso por no hablar de los responsables de los crímenes franquistas, que no sólo no han tenido que sentarse jamás frente a un tribunal, sino que nunca han dejado de recibir honores de Estado".
   "La paz también es una cuestión de Estado. Y al Gobierno español hace tiempo que le toca mover ficha".
           
    Hasta aquí el hombre con el que el PSOE, con decenas de militantes y cargos públicos tiroteados por los pistoleros que "deberían ir saliendo de las cárceles", no renuncia a formar Gobierno.  

    ¿Qué argumento de los empleados por Iglesias no es aplicable a los políticos ladrones que se retracten?
          
   Los investigados o imputados por delitos de corrupción política no han matado a nadie. Sé que algunos sacralizan el dinero y no la vida, pero por la mera consideración de que el vil metal se puede reponer y la vida no, el asesinato no es comparable en gravedad, todavía, al latrocinio de fondos públicos.

   Pues bien, si los ejecutores de niños deben abandonar el penal porque han optado por darse de baja de tan ignominiosa ocupación, ¿por qué los corruptos tienen que ingresar en la cárcel si no podrían volver a robar desde el momento en que se les inhabilite de por vida a ejercer un cargo público?

     ¿Y el dinero que han robado?, -preguntarán ustedes-.

    ¿Y las indemnizaciones civiles a las que fueron condenados los asesinos y ninguno ha abonado? -pregunto yo-.

  De cualquier forma, los fondos públicos estafados a los contribuyentes podrían recuperarse. Las indemnizaciones que deben satisfacer los matarifes a sus víctimas jamás se abonarán.  
  
      Pero ya estoy en el cómo despenalizar, sin dejar impune, la corrupción económica vinculada a los partidos políticos.  

      Eso será cuestión del próximo artículo.

    Quedémonos con que si la primera vez que escuchamos el argumento de que los etarras debieran salir de la cárcel porque ya no matan, parecía injusto e irracional (¿y por qué no el resto de presos sinceramente arrepentidos?), hoy se ha convertido en  argumento de razón, en premisa imprescindible para "la paz". 

       El mismo valor, la tan distinguida y admirada paz, será el que convierta la también hoy irreal y poco menos que ridícula defensa de la despenalización de la rapiña de la casta, en solución justa mañana, en el sino de los tiempos, tiempos que nos helarán la sangre, según anticipó la madre de Joseba, pero no precisamente porque los políticos confiesen en la plaza pública haber robado. 

       A que sí Patxi, a que sí Otegi, a que sí Pablo, a que sí Pedro. 


Coda penalista: 
El fundamento teórico de Iglesias para justificar el no cumplimiento de las penas tiene su origen en el prestigioso jurista italiano Luigi Ferrajoli, cuya obra "Derecho y razón" inspira de arriba abajo los principios jurisdiccionales de asociaciones profesionales tan dizque progresistas como "Jueces para la Democracia" y a gran parte de los antiguos (Clemente Auger) y modernos (Santiago Pedraz), pero siempre estrellas, magistrados "gauche divine" de la Audiencia Nacional.
¡Quién le iba a decir a la izquierda extrema que sus bonitas ideas iban a ser la tabla de salvación de la casta!
La paradoja es, sin duda, una de las Bellas Artes.
  

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viernes, 19 de febrero de 2016

El Presidente seguirá siendo la Audiencia Nacional

         
        Las "performances" judiciales de los últimos días contra el PP de Madrid que han provocado la dimisión de Esperanza Aguirre han sido ejecutadas tan "ad hoc" que ha sido inevitable que los periodistas más independientes hayan llamado la atención sobre su intencionalidad política.

         Sólo encuentro la palabra "performance" para caracterizar que unas horas antes de que declarase la tal Aguirre en una comisión parlamentaria sobre corrupción, un teatrillo de "los hombres de Harrelson" compareciese, con abuso de iluminación, en la sede del exangüe Partido Popular para llevarse ¡un ordenador!

         Ante la ausencia de autos de detención o de busca y captura supongo que el mensaje que los artistas que participaron en la función querían transmitir a Aguirre era el macabro "no nos hemos olvidado de ti".   

        El lector asiduo del blog recordará que en octubre de 2014 ya escribimos un artículo al respecto de las causalidades políticas de determinadas instrucciones penales, dicho sea con el debido respeto y en términos de estricta defensa, ya que puestos a judicializar hagámoslo hasta con el lenguaje.
      En aquél post aventuramos que "Punica Granatum" era la forma más segura de acabar con Esperanza Aguirre, sí; pero también con el estorbo de Tomás Gómez. 

http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2014/10/punica-granatum.html

         El socialista Gómez no resistió ni veinticuatro horas. Aguirre se dio cuenta la semana pasada que era inútil seguir haciéndolo.  

         La señora Esperanza no debería sentirse un bicho raro, pues cada vez que la líder del PSOE Susana Díaz viene a Madrid para salirse un poquito del tiesto, horas antes se celebra otra "performance" de los ropones a cuenta de los famosos "l-ERE-les".
         Les invito a que sigan a la "femme" porque se toparán en el momento más inoportuno para las aspiraciones políticas de la interfecta con la compañía que viste de negro.   

         El caso Rato por exceso (teatro pánico) y el de Pujol por defecto (haiku) son episodios de la misma comedia del arte de hacer política a golpe de "performances" judiciales.  

         Y así llegamos hasta la Presidencia de Gobierno, la pieza de caza mayor que auguro no dejarán escapar por mucho que intente zafarse.
         "No me dejaré presionar por poderes económicos o mediáticos" dijo Rajoy, pero no tendrá más remedio que ceder ante los togados. O quizás no.

        España vive una revolución política no declarada, pero casi idéntica a la ocurrida en Italia en los años 90, el famoso "Mani Pulite".
         Y digo casi porque la revuelta transalpina tuvo su líder, el juez milanés Antonio di Pietro, mientras que en España quien estaba predestinado a ser el caudillo, Baltasar Garzón Real, que sin duda habría adoptado el nombre de guerra de "Querido Emilio", quedó fuera de combate en las primeras escaramuzas.

         No obstante, que no tenga cabeza visible y ande pobre de objetivos no significa que carezca de infantería.
         De hecho lo único que tiene son compañías de zapadores.

         El espectáculo es de un aburrimiento atroz en tanto mil veces visto, pues el futuro está escrito en el fracaso pasado y presente de Dº Toni Di Pietro, víctima, y van..., de la todopoderosa ley de hierro de la oligarquía.

         La incógnita por despejar de la revolución es si la contrarreforma podrá salir adelante.

         ¿De qué hablo?

         De despenalizar los delitos vinculados a la financiación ilegal de los partidos políticos con efectos retroactivos. La "ley del perdón" a la que me referí en otro artículo pronosticando que sería introducida de matute con motivo de la nueva Constitución. http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2015/10/habiamos-dejado-el-articulo.html

         ¿Creen que estoy loco?

         Me limitaré a recordar un pasado no tan lejano, el Decreto-Ley que el Gobierno Amato aprobó en Italia en 1993 como solución política a los escándalos de corrupción que "Mani Pulite" sacó a la luz y que bloquearon al país.
       El Presidente de la República, Scalfaro, se negó a firmar el decreto gubernamental y nunca entró en vigor aquélla despenalización.  
        
         Con la experiencia de más de dos décadas, y luego del tremendo lastre que el "horizonte penal" de Berlusconi supuso para sus Gobiernos, ¿se equivocó Scalfaro?

       El Decreto Amato, obra de su Ministro de Justicia, a la sazón hombre de Estado y prestigioso jurista independiente, Giovanni Conso, no pretendía dejar sin castigo a los políticos corruptos, sino la certeza de una sanción administrativa y económica inmediata sin procesos interminables.

         Justo lo contrario del Gobierno de los jueces del que gozamos, donde los procesos se eternizan décadas sin garantía de condena penal.

         En Italia y en los primeros años 90 el Gobierno residía en Roma, pero el poder estaba en los jueces de Milán.

        Hoy el Gobierno "de iure" de España tiene su sede en La Moncloa, pero el Gobierno "de facto" seguirá estando en la Audiencia Nacional.      

    Quién logrará imponerse es el único aliciente de esta revolución bufa, de esta farsa, pues siguiendo el argumento de autoridad de Marx, sólo de farsa puede calificarse a una historia repetida.


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domingo, 31 de enero de 2016

¿Aceptará el Rey ser el ciudadano Felipe?


Con ocasión del improbable Gobierno PSOE-Podemos se han multiplicado las informaciones sobre el pasado del Lenin de Vallecas y he tenido ocasión de escuchar distintas intervenciones televisivas suyas vía internet.

Una de las que más me ha llamado la atención es este breve comentario de poco más de un minuto a favor de la pena de muerte como justicia democrática.  https://www.youtube.com/watch?v=WArT46eC-xQ

Después de verla más de una vez sin dejar de asombrarme, me permito preguntar: ¿puede el Rey de España aceptar sin degradarse más de lo estrictamente necesario un Gobierno donde el tal Iglesias ejerza algún cargo?

Con la seriedad que requiere el asunto, no dudo en contestar que si lo hiciera no estaría en mejor posición que Luis XVI después de los sucesos del 5 y 6 de octubre de 1789, a resulta de los cuales el monarca fue obligado a trasladarse desde Versalles a París por una turbamulta.

Luego de aquellas fechas Luis XVI siguió siendo Rey de una manera tan deshonrosa que hoy todavía llama la atención su indigno comportamiento, pues no sólo firmó, a pesar de su desacuerdo, la Constitución civil del clero, sino que incluso aceptó la Carta Magna de 1791 que reducía su papel al de simple palafrenero de la Asamblea Nacional.

Con independencia de los posibles desarreglos de personalidad del Borbón francés, lo interesante de su caso para Felipe VI sería recordar para qué los Marat y compañía mantuvieron al Rey en el trono a pesar de que le habían desposeído hasta del más nimio residuo de poder ejecutivo.

No revelo nada nuevo si digo que el motivo no fue otro que culpabilizarle de los males que los revolucionarios provocaban a los ciudadanos, hasta el punto que cuando necesitaron usar la fuerza contra el pueblo era el monarca quien firmaba los decretos.

Se trataba de hacerle responsable de las órdenes decididas por otros en contra de su voluntad.

Oyendo a Pablo Iglesias en el vídeo con el que inicio este artículo afirmo que idéntico papel es el que le reserva Podemos a Felipe VI hasta que ya no les sea útil y decidan, no ya guillotinarlo, sino simplemente mandarle al exilio; esto es, obligarle a aceptar leyes y resoluciones con las que estará disconforme, pero de las que será responsable en cuanto tendrá que sancionarlas y promulgarlas (artículo 62 a) de la Constitución) 

Quizás piensen que tragar carros y carretas es la función de los reyes en las Monarquías contemporáneas.

No tendría que ser así, por ejemplo, si Felipe VI tuviese que expedir un Decreto del Consejo de Ministros (art. 62 f) donde se convocase un referéndum vinculante por la independencia de un territorio nacional, o dar el visto bueno a una reforma constitucional donde se dejase abierta esa posibilidad; pues el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia (art. 56.1).

Si resulta obvio que cualquier monarca puede aceptar a súbditos no afines como colaboradores, incluso casarse con ellos si le pluguiera, sin merma de su autoridad siempre que le sean leales, también lo es que ningún ministro o Presidente de Gobierno del Reino puede obligarle a sancionar normas contra las que esté en radical desacuerdo o que sepa que atentan contra los intereses de la Nación o de la Monarquía.

Para que vean que no escribo para epatar inventando cuentos de príncipes y malvados, me remito a un pequeño hecho ocurrido este mismo mes de enero que prueba lo que digo.

El Rey Felipe VI rechazó recibir a la presidenta independentista del Parlamento de Cataluña para que ésta le comunicase la investidura del presidente secesionista de la Generalitat.

Si el monarca no quiso ni siquiera ver a la diputada catalana que venía a informarle de la mera designación de Puigdemont como Honorable, ¿alguien cree que el Rey puede aceptar ni siquiera como ministro a Iglesias, y salir indemne tanto su persona como su misión institucional, cuando éste ha declarado en cientos de ocasiones ante multitudes y en pequeño comité que a la menor ocasión que se le presente convocará un referéndum vinculante por la independencia de Cataluña pactado con, entre otros, Puigdemont?

El episodio histórico que he traído a colación demuestra que es completamente absurda e inviable una situación política donde el Gobierno de la Monarquía se jacte de que el monarca debe ser guillotinado.

Tan ridícula fue con el Rey Luis XVI, que terminó sus días en el cadalso y atendiendo al nombre de Luis Capeto, como lo sería hoy si el tal Iglesias fuera nombrado ministro del todavía Rey Felipe VI, aunque alguno de los representantes políticos que llama a consultas se atreve a nombrarle ya como "ciudadano Felipe".

Con la entrada o no de Podemos en el Gobierno no está en juego la investidura de un Presidente, sino S.M. Felipe VI. 

Un Gobierno PSOE-Podemos es el fin de la Monarquía Parlamentaria, más allá de que durante algún tiempo el ya amortizado titular de la Corona siguiese firmando con mala gana lo que los herederos "del bueno (?) de Jean-Paul Marat" (Iglesias escupe) le vayan poniendo por delante, y así disponer de un chivo expiatorio con el que justificar ante el pueblo los sufrimientos que le esperan. 

¿Tendrá alguien que le advierta o ya lo sabe?


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