¿Son los españoles mansos?

            Después de analizar en los dos artículos precedentes qué es el Movimiento 15-M y las reformas que propone la clase intelectual más empingorotada para que pasemos a otro régimen peor que el actual, es decir, más estatista aún; puede quedar la impresión que los españoles son o se han convertido en un pueblo manso, borreguil, incapaz de aspirar a la libertad política, sin fuerza para levantar la voz a sus múltiples amos, salvo para pedirles una sumisión más confortable.

            Antes de que podamos verificar ésta intuición es necesario que distingamos dos conceptos: legalidad y legitimidad.

            Los dos términos no siempre tuvieron significados distintos, pues cuando la única ley era el derecho basado en inmemoriales usos y costumbres, gobernante legítimo era el que cumplía las leyes vigentes, bondadosas en tanto antiguas, pues si habían pasado el fielato del tiempo era por su maridaje con el sentido común, más allá de las vicisitudes de la historia.

            Sin embargo, con la aparición del Estado y su “acorazada legislativa”, la legalidad se disoció de la legitimidad. Es decir, la ley (entendida ahora como la legislación estatal) puede ser justa (legítima) o no (ilegítima).

            Un ejemplo: el aborto, o el matrimonio gay, en España es legal, y simultáneamente es considerado ilegítimo por partes no desdeñables de la población.

           

            Pero puede ocurrir una cosa más: que un comportamiento generalizado sea ilegal pero tenido por legítimo entre el pueblo. Véase el fraude fiscal.  

            Tenemos al toro en el ruedo. ¡A la faena!

            Según Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el fraude fiscal ha dejado sin efecto la subida del IVA de 2010, (subió del 16% al 18%) puesto que Hacienda recaudó por el referido tributo un 5,4% del PIB en 2011, cuando en 2010 la recaudación fue del 6%.

            Esto sólo es un detalle de una situación bien definida: según datos que se dieron a conocer el pasado 6 de Junio basados en dos informes (Taxation trends in the European Union y Tackling undeclared work in 27 EU Member States) España ocupa las peores posiciones por recaudación por IVA en la UE de 27 socios. Mejor dicho: es el último. Malta, un ejemplo, con tipos iguales o inferiores a los españoles es el décimo.

            En cuanto al Impuesto de Sociedades, el tipo nominal es del 30%, lo que nos coloca en el quinto puesto del ránking UE-27. Pero en recaudación está de los últimos (puesto 22).

           ¿Qué nos dicen éstos datos respecto a la idiosincrasia de los españoles en sus relaciones entre ellos y con el Poder?

            Yo diría que identifican dos rasgos. El primero, indiscutible, que muchos de nuestros compatriotas son insolidarios respecto a sus semejantes que pagan sus tributos conforme a ley, y el otro que también gran número de ellos tienen al Estado por ilegítimo y no se arredran ante éste, por muy legal que sea.

            En resumen, gorrones y rebeldes a los mandatos de la autoridad.

            El hecho social de la defraudación al Estado es un correlato del Poder fiscal de éste, por cuanto todo Poder crea su resistencia.

             Pero que el fraude fiscal sea masivo a fuer de cotidiano refleja un grado de intensidad en la revuelta nada despreciable, pues no por casualidad se sitúa a la cabeza de Europa. 

            ¿Pero por qué se hace de esa manera?, ¿por qué la oposición al Poder se realiza de manera egoísta?, ¿por qué no deponen a los gobernantes que saben corruptos y edifican otro sistema mejor para todos?

            Simplemente porque el español no cree que la política, la “cosa pública”, sea un medio idóneo para defender sus derechos o realizar la justicia.

           El común la entiende como un oscuro manejo de individuos sin escrúpulos a los que siendo necesario soportar, resulta más necesario aún engañar.

        ¡Qué lejos de los españoles siquiera la aspiración a que nuestro sistema político haga suya la teoría aristotélica del “justo medio”!

            “Pero sin embargo votan mucho” –es posible que piensen ustedes-.

            Sí, pero ello se debe a que la relación con la política es idéntica a la que se mantiene con la religión: de la misma manera que afirmamos ser católicos pero permitimos que los cepillos queden vacíos las escasas veces que se acude a misa, también votamos solicitando “dignidad y justicia” pero no nos aplicamos el cuento. 

          Para gran parte de los nuestros la participación democrática, la separación de poderes, eso de la "política con mayúsculas, no es otra cosa que la micropolítica del fraude fiscal como hábito. 

             No, España no arderá por los cuatro costados a consecuencia de una revuelta política.

         No a menos que el canibalismo de Estado pretenda recaudar todo lo que sus leyes fiscales le permiten.  

            Por tanto el español sí es contestatario, pero lo es de forma peculiar, sin demasiados aspavientos, más bien de "aquella manera", bastándole con sus frecuentes regates al fisco que impiden a éste poder gastar más.
            El buen gobierno -piensan nuestros prójimos- es un asunto de charlatanes que lo ven todo muy fácil.
            La revolución se la prestan a la intelectualidad mientras ellos puedan seguir defraudando al Estado Caníbal y Fiscal.

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La democracia no necesita partidos con democracia interna.

  

            A vueltas con las alternativas al régimen político vigente, me piden que aclare qué quise decir en el artículo titulado “El 15-M grita ¡Pedrooo!”, cuando me refería a que para “alcanzar un Estado pésimo sólo hay que estar atentos a las propuestas de los blogs más famosos de Derecho y del revés”.

            Vamos a ello.

            El 28 de Mayo pasado se presentó un Manifiesto por la reforma de los partidos políticos, cuyo objetivo es recabar medio millón de adhesiones vía “change.org” para pedir en el Congreso una modificación de la Ley de Partidos Políticos.

       “La actual Ley de Partidos está vacía de contenido, de forma que no garantiza en absoluto la democracia interna de los partidos políticos”, dicen alguno de sus promotores.

          Añaden que “el objetivo de la movilización es sensibilizar al país de que sin unos partidos políticos diferentes, más democráticos y mejor controlados desde fuera que los actuales no saldremos de la espiral en barrena en la que estamos metidos”.

           “El manifiesto tiene una sola idea: cambiar a los partidos introduciendo en la agenda política esta importantísima cuestión. No entra en otras también muy importantes como, por ejemplo, la reforma de Ley Electoral, la regeneración de las instituciones democráticas, la separación de poderes, etc., etc., porque consideramos que la cuestión de los partidos es previa a todas las demás.”. Literal.

               Ya el propio Manifiesto proclama que “los partidos políticos no son entidades privadas como, por ejemplo, un club de fútbol, que pueden organizarse como mejor les plazca. Son entidades especiales a las que se les reconoce el monopolio de la representatividad política y que se financian con fondos públicos. Su funcionamiento tiene más trascendencia que el de cualquier empresa o sociedad recreativa”.

         “En todos los países hay corrupción política, pero la democracia interna en los partidos, la competencia entre los que son dirigentes y los que aspiran a serlo y las obligaciones de transparencia impuestas por la ley permiten que los políticos corruptos sean apartados con celeridad. En España esto no ocurre (…)”.

           Finalmente enumera, supongo que a modo de brevísimo apunte, una serie de medidas y reglas de actuación que tendrían que formar parte de la solicitada nueva Ley de Partidos, sobre las que guardaré un prudente silencio. 

                Hasta aquí el Manifiesto.

        Dejando a un lado puros dislates, como el de que “se les reconoce el monopolio de la representatividad política” (no son los partidos sino las Cortes Generales quienes representan al pueblo español, artículo 66 de la Carta Magna), el espíritu del mismo parte de la presunción de que si los partidos políticos fuesen democráticos también lo serían las instancias en las que participasen sus miembros.

             Por eso coligen sus promotores que a pesar de que hay pendientes reformas importantes (la reforma de la Ley Electoral, la separación de poderes…) “la cuestión de los partidos es previa a todas las demás”, repitiendo el Manifiesto que “entre los muchos cambios que hoy demanda nuestro sistema político, el más urgente es la elaboración de una nueva Ley de Partidos Políticos (…).

            Una suerte de pensamiento mágico conduce a creer que si una organización (los partidos) fuese democrática, todas las demás entidades políticas o sociales también lo serían, unas por participación directa de los democráticos miembros de los partidos en ellas (Cortes Generales, organismos administrativos), otras por puro mimetismo (sindicatos, organizaciones empresariales…).

            Esas deducciones “Harry Potter” son las que llevan a los instigadores de la propuesta a creer que obligando por ley a que los estatutos de los partidos políticos sean democráticos, sería suficiente para romper la ley de hierro de la oligarquía de Michels, esa que demuestra que en cualquier entidad (funcione con dinero público o con gasolina de 95) siempre termina mandando una minoría defensora a ultranza de sus propios intereses, aun a costa de los del resto.

            Pero aunque la nueva Ley de Partidos que se propone acabara con la ley de la gravedad de las organizaciones, que no es otra que la ya citada ley de hierro de la oligarquía, ¿la función de las asociaciones políticas, sindicales o empresariales en un sistema dizque democrático exige democracia interna?, ¿necesita la democracia, democracia interna en los partidos?

            No. Un no tan tan grande como la majestuosa catedral de Burgos. 

            ¿Cuál es la función de los partidos? Expresar el pluralismo político, concurrir a la formación de la voluntad popular y servir de instrumento fundamental para la participación política (art. 6 de la Constitución).

            Pues bien, ni uno solo de esos objetivos precisa la democracia interna.

          Si por llevar la contraria y hacer las cosas bien, un partido quisiera establecer que las decisiones de sus órganos democráticos tuvieran que ser refrendadas por una comisión de veteranos de probada "auctoritas", ese partido no será democrático sino aristocrático, pero ello no constituye un impedimento ni para la participación política, ni para el pluralismo político, pues éstos derechos dependen de que exista libertad para constituir partidos, no de la democracia interna de los ya existentes.

            Llevando el argumento al extremo, si un partido tuviera el deseo de que uno de sus miembros fuera su Presidente o máximo responsable ejecutivo de por vida, aunque no fuera necesariamente el de mayor virtud, como ocurre en España con S.M. Dº Juan Carlos I; ese partido tampoco podría ser calificado de democrático porque sería monocrático, pero no se vería perjudicado ni el pluralismo ni la participación política, pues si así fuera la Monarquía española debería ser derrocada por ilegítima.

            El Manifiesto que analizamos es un reflejo de la mentalidad estatista dominante, donde se pretende que los partidos políticos sigan siendo órganos del Estado, controlados por el Estado y financiados por ustedes a mayor gloria del Estado.

            Los partidos que resulten de la nueva Ley de Partidos que se propugna seguirán siendo igual de oligárquicos que ahora, mientras que el sistema político será igual de democrático o de antidemocrático que antes porque la democracia política es indiferente al funcionamiento interno de sus organizaciones.

            Ahora bien, sí habría un cambio: un nuevo paso del Estado caníbal hacia un Poder más absoluto, pues se estaría dando carta de naturaleza a que el Estado adquiera poder de disposición sobre el funcionamiento de los partidos políticos, poniendo así fin a la autonomía de las organizaciones.   

            En fin, creo haber demostrado que estamos mal, sí, pero podemos estar todavía mucho peor. Basta con imponer mediante una legislación prolija un determinado comportamiento interno a los partidos políticos, so pretexto de que deben funcionar de manera democrática, Dios sabe lo que ello sea.

             Nota para el jolgorio constitucional.

          Cuando se estaba elaborando la Constitución se propuso que se adicionara al artículo 7 que “los colegios y demás organizaciones profesionales” tuvieran una “estructura y funcionamiento democráticos”.

            Finalmente en el Dictamen de la Comisión Constitucional del Senado (BOC de 6 de Octubre de 1978) se suprimió la alusión, seguramente porque ya no cabían más sandeces, y a tal fin ya les bastaba con exigir que lo fueran los partidos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, que como todo el mundo sabe son faros que iluminan al mundo sobre cómo reírse de la democracia interna.  

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El 15-M grita ¡Pedrooo!

  

            Ante la crisis política y económica que vive el país resulta obvia mi alternativa al régimen vigente: el desarme impositivo de una Comunidad Autónoma cualquiera haría que el país entero se convirtiese en un paraíso fiscal de forma irremediable por mimetismo del resto de territorios, ¿o acaso se imaginan que Murcia sea un espacio libre de impuestos y la Comunidad Valenciana no?

            Semejante proceso conllevaría la muerte del caníbal, del Estado caníbal, por inanición presupuestaria.

            Pero como el catecismo nos enseñó, además del paraíso existe el purgatorio, que en términos políticos debe significar la democracia según Dº Antonio García Trevijano, un Estado peor que el actual o el 15-M.

            El 15-M. ¿Pero qué es el 15-M? porque para saber lo que es la democracia según Dº Antonio sólo hay que leerle, y para descubrir lo fácil que se puede alcanzar un Estado pésimo sólo hay que estar atentos a las propuestas de los blogs más famosos de Derecho y del revés.

            Pero insisto, ¿y el 15-M?, ¿el autodenominado “Movimiento 15-M”?

            En tanto movimiento debiera ser revolucionario, pues lo es toda tentativa de mover la realidad hacia su(s) estado(s) posible(s), que diría el difunto sociólogo Jesús Ibáñez.

            Revolucionario sí, pero tanto como cualquier estrategia que intente provocar cambios, ya provenga del este o del oeste, si se me permite la expresión, porque ya no soporto ni un día más el tostón de derecha e izquierda.

             Por tanto, la denotación de revolucionario no es suficiente, y después de semanas intentando descubrir su signo distintivo lo único que consigo sacar en claro es una cosa y media.

            La media es que algunos de sus integrantes pretenden crear un frente amplio que represente a los “indignados” y a partidos del oeste para presentarse a las elecciones, al estilo del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) que lidera el cómico Beppe Grillo en Italia, y que resultó ser el partido más votado en los pasados comicios legislativos de aquél país.  

            La entera es el siguiente lema que aparece en las camisetas y en las pancartas de la muchachada:

Juventud sin futuro.

Sin casa.

Sin curro.

Sin pensión.

Sin miedo –concluyen-.

            Teniendo en cuenta lo anterior, el 15-M sólo necesita a Pedro Almodóvar para conseguir ser el partido más votado en los futuros comicios legislativos. 

            Y una vez instalados sus líderes en el Poder éstos se pondrían manos a la obra para   obtener “casa”, “curro” y “pensión” del Estado, pues si se lo pidiesen a familiares y/o amigos es seguro que no se manifestarían en la calle, ni tendrían necesidad de presentar una candidatura encabezada por Dº Pedro Almodóvar a las próximas elecciones al Parlamento con el único fin de ser el partido más votado.

            Sus pretensiones coinciden con las de casi todos cuando soñamos, esto es, alguien que nos garantice la total seguridad respecto a un digno nivel de vida, pase lo que pase, por los decenios de los decenios.  

            Ese alguien podría ser cualquiera, por ejemplo los viernes la ONCE y su famoso sorteo del “cuponazo” (¡qué éxito de ventas!) personifican de manera “cumbre” la idea del salvador.

            Pero el “cuponazo”, en el mejor de los casos, sólo premia a un individuo cada semana, y debemos procurar ser solidarios y democráticos, sobre todo por nosotros mismos, es decir, queremos que toque a todos o a la mayoría para que me toque a mí.

            Por eso se necesita un “cuponazo” diario y universal, y hoy por hoy no se les ocurre otro que pueda garantizarle que el Estado, el Príncipe Azul de todo cuento con final feliz.  

            En resumen, el 15-M es un movimiento revolucionario, valga la redundancia, que busca hacerse con el Poder a la manera de Beppe Grillo en Italia para mover la realidad hacia su estado posible, donde la realidad posible para ellos es un Estado aún más grande que el actual porque el que disfrutamos no nos proporciona ni casa, ni curro ni pensión.

            "¿Y para eso he estado leyendo hasta aquí?" –me preguntarán ustedes-.

            Les he dicho que había conseguido sacar en claro una cosa y media no que lo encontrado fuera a ser una novedad.

            No obstante, lo fundamental es saber si el Estado puede darles lo que piden. 

            Teóricamente sí.

            Las casas podrían salir de los casi infinitos inmuebles que acumula el “banco malo”, el trabajo de la contratación de más empleo público y las pensiones…, las pensiones no voy a decir de dónde saldrían no vaya a ser que se enfaden conmigo. Además, ya se lo imaginan.

            Sin embargo, resulta evidente que no podrá hacerlo. Aunque lo intente. 

         Y en esa dicotomía se encuentra el 15-M: la posibilidad teórica y la imposibilidad práctica.

            Por un lado, la eventualidad teórica convierte al movimiento en una fe, la fe en el Estado como Dios terrenal, por encima de cualquier prueba en contrario.

          Por el otro, la agitación provocada por sus deseos de cambio termina en el callejón sin salida de una realidad igual de calma que al principio.

            Del movimiento revolucionario a la quietud del inmovilismo.

            Todo queda en un gran NO, de los que tanto gozaba Agustín García Calvo.

            ¿Movimiento 15-M? Muy divertidos los escraches, sin miedo, pero que pase el siguiente.

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Mou como ejemplo de que España no aguanta una verdad

           Los habituales del blog quizás se sorprendan de que dedique un artículo a un entrenador de fútbol.

            Pero como decía un sabio profesor “hay muchas formas de llegar a casa”, y analizar la situación hoy, 5 de Mayo de 2013, de Dº José Mário dos Santos Mourinho Félix, es la mejor forma de entender cómo está España y cómo estará mañana. 

            Caído su equipo por tercer año consecutivo en las semifinales de la Copa de Europa, con alguno de sus jugadores rebelados públicamente contra él, que el entrenador aún se siga jactando delante de la prensa hostil de que “no ponga a jugar a vuestros niños queridos es correcto” o  que declare que “los problemas existen cuando alguno piensa que está por encima del resto”, sólo puede resultar escandaloso en un país que no resiste una sola verdad.

            La verdad del mérito, del esfuerzo diario sin esconderse en los derechos adquiridos, de la responsabilidad.

            La verdad de que unos deben mandar y otros obedecer (“primero está mi personalidad. Inmediatamente el jugador debe someterse a mis exigencias, cumplir mis expectativas. Los clubes cambian de técnico demasiado rápido. Es esto lo que da poder a los jugadores, al vestuario. Eso es muy peligroso”. Sir Alex Ferguson en entrevista al diario “El Mundo”, 2 de Marzo de 2013).

            Que la opinión pública (incluido su seleccionador nacional) exija que juegue un portero de fútbol que se encuentra en mala forma física porque su glorioso expediente le ampara, es la consecuencia lógica de un país donde el 40% de los estudiantes entre 16 y 18 años aspiran a convertirse en funcionarios para ganar 2.000 euros mensuales desde el primer mes (sic).

            El mismo país donde un sinfín de desfalcos mil millonarios de fondos públicos son disculpados por la clase política alegando un lacónico “no sabíamos lo que ocurría”, y a seguir robando porque llevo veinte años haciéndolo.  

            Mentira y verdad, verdad y mentira. Dos formas de estar en la vida que no pueden compartir un mismo espacio demasiado tiempo. Es imposible. O se miente o se dice la verdad, aunque no sea más que por el hecho de que la definición más precisa de mentira es la de faltar a la verdad.

            El entrenador eligió decir la verdad (“Pedro León hace dos días jugaba en el Getafe, no ha sido convocado un partido y parece que estás hablando de Di Stéfano. Tiene que trabajar para jugar”).   

            En España el que toma esa decisión es un imbécil, un paria del que no debe quedar ni la memoria, pues sólo es moneda de cambio la mentira, por ejemplo, la mentira de que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" (art. 1.2 de la Constitución).  

            Si dices que tu cancerbero es un traidor porque objetivamente es un traidor (“los jugadores no se llevan bien con Mourinho”, afirmó la novia en una televisión extranjera) estás perdido porque te acusarán de buscar el enfrentamiento, de dividir.

            En cambio, si aseguras que el portero traidor es un ejemplo para los niños y no juega porque su entrenador le tiene tirria, te ganas el derecho a vivir en el cuento de Alicia en el País de Saniker Casillas.

            España, su régimen impostor, no resistiría que el Presidente de un equipo de fútbol amparase a un jefe que hace su trabajo y despidiera, por una vez, a felones, a desobedientes, a vagos.

         Semejante ejemplo sería una llamada al orden, un regreso a la verdad, que el sistema no podría soportar, pues si el club deportivo más importante del mundo lo hiciera, al día siguiente la gente empezaría a pensar que quizás se pudiese hacer lo mismo con toda la clase política sin excepción. "Yes, we can".

            No, la situación del país no aguanta ni una verdad, aunque venga de un entrenador de fútbol.

            España sólo puede escuchar que es una democracia y que Mourinho es una suerte de diablo que ha venido a sembrar la discordia en una hinchada feliz llena de héroes siderales.  

            Ahora que se ha abierto la caza del hombre el portugués volverá a preguntar su famoso por qué.

            La respuesta es sencilla: no es un asunto personal, es que en España está proscrita la verdad.

            Mis respetos y mi admiración, Dº José.
          

            
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No me pidas que no robe que me da la risa

            Desde el “rescate” a Chipre, con su quita a los depósitos no garantizados (los superiores a 100.000 euros), anda la opinión económica publicada muy contenta, felicitándose de que por fin una cosa se haga bien en la Unión Europea.

            Hoy sábado 20 de Abril se ha difundido una entrevista del todopoderoso vocero de su ama, y por ende Ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, en las que declara que "la participación de accionistas, titulares de bonos subordinados y, después, de depositantes no asegurados debe ser la norma cuando un instituto financiero cae en una situación difícil".

            El ideólogo del plan de salvamento aplicado a Chipre sigue argumentando que si no fuera así, "los bancos lograrían grandes beneficios con negocios arriesgados, pero en el caso de una quiebra, las pérdidas se cargarían sobre toda la sociedad".

            "Eso no puede ser", apostilló con tono recriminatorio el profesor frustrado. 

            ¿A qué “negocios arriesgados” se referirá?

            ¿Quizás a la adquisición sí o sí por parte de las instituciones financieras patrias de la deuda soberana que nadie quiere, como comprador de última instancia para financiar los crecientes déficits estatales?

            Sin duda asunto temerario donde los haya ante la cada vez mayor probabilidad de que la deuda pública tenga que ser “reestructurada”, es decir, no pagada íntegramente.

            ¿Pero puede evitar esos “negocios arriesgados” la banca nacional en el Estado caníbal?, ¿puede desafiar al monstruo sin ser destruida por completo?

           Sigamos con los depósitos como variante ultramoderna de la ruleta rusa porque la pregunta se contesta por sí sola.

            El 1 de Abril del presente los mandatarios de la capitidisminuida “gran banca española” se reunieron en una cita casi inadvertida a pesar de su importancia (o precisamente por ello) y acordaron reclamar al Gobierno, para que éste a su vez lo haga ante Bruselas, que blinde los depósitos minoristas, sea cual sea la cantidad, ante futuros rescates. Quieren evitar que el concepto de depósito aparezca en las normas reguladoras de los memorándums de entendimiento (MoU).

           

            Leyendo las declaraciones del maestro Schäuble va a ser que no.

           

            No obstante la oposición de quien ordena y manda, los banqueros insistirán en pedir al baldragas Presidente Rajoy que cree una disposición que proteja todos los depósitos, desde un euro hasta el infinito, ante cualquier “situación difícil”.

            Su pretensión es lógica, pues las quitas a depósitos, con independencia de su montante, debilitan su negocio tradicional que no es otro que conseguir depósitos para prestarlos. Depósitos que cada vez en mayor cuantía se ponen a disposición del Estado para lo que tenga a bien.

            Por tanto, el contenido de la carta que las patronales bancarias (AEB y CECA) quieren remitir al Gobierno se resume en esto: ¿quieres castigar a mis clientes porque saqueamos los bancos? ¿acaso no te das cuentas que lo hacemos por ti, para ti?

           

         Precisamente porque las quiebras de las entidades de crédito se perpetran a la mayor gloria de la clase política instalada en el Estado (véase lo ocurrido con las cajas de ahorro), es por lo que las quitas a los depósitos no suponen una medida racional en términos de ortodoxia económica, ni siquiera puede serlo para los partidarios de la escuela austriaca, sino el penúltimo despojo del Estado caníbal.

           Cuando los ciudadanos se encuentran sometidos a un sistema bancario de reserva fraccionaria, según el cual las entidades financieras sólo tienen la obligación legal de custodiar una parte mínima de los depósitos ofrecidos por los clientes (en 2010 los Tratados de Basilea III fijaron un porcentaje del 7%), para que puedan usar el resto de forma libérrima, por ejemplo, para comprar deuda pública; que el Estado no sólo no garantice en su integridad los depósitos en caso de quiebra bancaria, sino que contribuya de forma decisiva a esa quiebra, para luego someterles a quitas como condición inexcusable para evitar que queden reducidos a cero, es totalitarismo económico.

           Las pérdidas impuestas por los Gobiernos a los depositantes sólo serían razonables en sistemas económicos donde el Estado no pudiera aprovecharse de manera irresponsable de su liquidez. 
           Pero si desde la Unión Europea hasta el FMI, pasando por el BCE, se consiente que los Estados puedan solicitar su utilización, por supuesto a beneficio de inventario, so pena de descarados perjuicios empresariales a quien se resista (véanse las consecuencias para BBVA en forma de derramas extraordinarias al Fondo de Garantía de Depósitos por ser la única entidad en negarse a participar en el gubernamental "banco malo") las quitas coactivas, forzosas, a cualquier depositante son un golpe de Estado económico. 

            Los banqueros con su petición de que se protejan sin limitación de cuantía lanzan una sutil advertencia: si los depósitos son castigados no habrá ahorradores, y con ello simplemente desaparecerá la posibilidad de que la banca nacional financie la deuda soberana. O lo que es igual, el Estado quebrará porque nadie querrá su papel, los bancos quebrarán porque sus balances estarán llenos de papel estatal devaluado y la guerra civil será un mal menor.  

            Empecé este blog a finales de 2011 con un comentario en el que ponía en evidencia al Estado subnormal en cuanto caníbal, ¿pues cómo calificar a un Estado que agosta sus fuentes de supervivencia?

            Pasados dieciséis meses y treinta y cuatro artículos la antropofagia es ya la única política de Estado.

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Las burbujas y la ley de hierro de la oligarquía*

 Para el eterno profesor Dº Dalmacio Negro.

            La pregunta más común entre los intelectuales, esto es, por qué la gente no empeña más esfuerzo en derribar un sistema político ineficiente, me parece absolutamente banal.

            La mayoría de ellos considera que todo se debe a que el pueblo se ha acomodado, ha perdido energía.

            A mí, por el contrario, me parece evidente que si los ciudadanos no se molestan demasiado en cambiar lo que hay se debe casi en exclusiva a que nadie les asegura que lo nuevo sea mejor, y cuando alguien se atreve, creen que los costes de transición pueden anular los eventuales beneficios de un futuro en teoría deseable. No creo que el asunto dé para más.

            Planteado así el tema lo que resulta interesante es analizar por qué el régimen en vigor sigue siendo mejor valorado que las alternativas que se ofrecen, o cuáles son los elementos que le hacen preferible frente al aparente aventurerismo de los que se oponen.

            Bueno o malo, la eficacia de todo sistema para conservarse es manifiesta: ante el menor indicio de conflicto le basta con recordar que su deber es el de guardar el orden establecido para que el miedo se propague “ipso facto”, y con su presencia es inevitable que el balance provisional de pérdidas y ganancias en la mente de cada posible revolucionario quede muy desequilibrado a favor de aquéllas como para disuadir al más fanático.

            Pero para justificar la desmovilización tiene que haber algo más que la pura negatividad de unos enormes costes derivados del previsible enfrentamiento que un proceso de cambio puede generar.

            Y lo creo porque la historia está repleta de casos donde el pánico a los efectos de una eventual represión no impidió la revuelta.

            Ese más que juega hoy a favor de la perpetuación del sistema es la reciente competencia asumida por el Estado de garante del bienestar económico de todos y cada uno de sus súbditos siempre y en cualquier ocasión.

            Se legitima gracias a sus presuntas virtudes como proveedor de seguridad económica plena a través de la periódica creación de bombas de relojería, las denominadas “burbujas”.

            Podríamos definirlas como procesos inflacionarios en los precios de una serie concreta de bienes, sin correlación con el valor real de los mismos, lo que provoca la incorporación de nuevos compradores al proceso que, llamados por la expectativa de una revalorización futura de tales bienes, trae como consecuencia que los precios vuelvan a subir.

            La burbuja estalla por la ausencia de nuevos adquirentes que puedan comprar al precio marginal, momento en que los crecimientos de precios dejan de existir.

            Pero mientras no lo hace, el efecto riqueza que la subida constante de los precios genera, aunque sólo ocurra en algunos sectores productivos, confiere al régimen político la legitimidad económica que necesita para reproducirse, para seguir obteniendo el apoyo mayoritario de los votantes.

            Caracterizadas de esa manera son tan antiguas como la economía.

            Lo que hace distintas las burbujas de finales del s. XX y comienzos del XXI es que el Estado caníbal es el comprador de última instancia, por lo tanto, puede acelerar o retrasar el estallido a su antojo, y además, cuenta con el monopolio de  fabricar dinero fiduciario (sin respaldo en bienes tangibles como el oro), esto es, dispone de la capacidad para dar inicio a cuantos procesos inflacionarios tenga a bien para contrarrestar los resultados adversos del reventón de las burbujas precedentes.

           

            La “guerra fría” es el ejemplo más simple de cómo los Estados pueden adquirir bienes cada vez más costosos de manera casi ilimitada.

            El más actual le ofrecen los bancos centrales con sus políticas monetarias de “barra libre de liquidez” comprando los activos tóxicos y supertóxicos que les ofrecen las entidades financieras y las Haciendas Públicas.

            En cuanto a la sucesión de pinchazos de burbujas y aparición de otras nuevas que, primero esconden los efectos indeseados de las anteriores, y luego vuelven a estallar, basta con remitirnos a la historia contemporánea: crisis del petróleo en los años setenta del siglo pasado, efervescencia y caída financiera en Latinoamérica a principios de la década de los ochenta, que terminó con otra burbuja y su correspondiente derrumbe bursátil el 19 de octubre de 1987 en Wall Street; crisis financiera asiática en los noventa, burbuja y “crash” de las empresas "punto com" ya en el presente siglo, burbuja y “crash” inmobiliario previo al regreso de un nuevo "boom" financiero y su correlativo derrumbe, el recurrente de EE.UU. y el primero en la zona euro, aún por resolver.  

            Así, en tanto comprador de último recurso y con el poder de generar inflación sin solución de continuidad, el Estado caníbal se ha dotado de una política económica anticíclica capaz de producir una constante sensación de euforia en la psicología social del pueblo, que repudia, por entenderla superada, la idea de tener que convivir con la escasez.

             Que una economía pompa sea un artificio estatólatra contrario al bien común poco le importa a sus promotores mientras cree la ilusión de opulencia generalizada que tanto necesitan para medrar, pues con este inesperado apoyo de una política económica mágica la ley de hierro de las oligarquías de Michels es más de hierro que nunca.

* La ley de hierro de la oligarquía formulada por Robert Michels viene a decir que por muy democrático que sea un sistema político, siempre termina mandando una minoría defensora a ultranza de sus propios intereses a costa de la prosperidad de todos.


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     Aforismo de última hora: Europa no sufre una crisis económica, sólo padece de falta de burbujas.

El Quinto Poder

        

            Me ha llamado la atención el título de un libro del economista Daniel Lacalle: “Nosotros, los mercados”.

           

            Aplicar el pronombre personal de primera persona del plural a una entidad inanimada, espontánea y absolutamente neutral, según la definición que la teoría económica hace del mercado, bien puede recibir el nombre de antropomorfismo.

            Por qué se hace este sortilegio en virtud del cual a una institución sin administradores designados se le confiere  personalidad (“nosotros, los mercados”).

            A primera vista el motivo no puede ser otro que el deseo de otorgarle voluntad (decisión para hacer algo) y fuerza (capacidad de hacerlo), es decir, de interés propio.

            Por tanto, podríamos dejar sentada como primera conclusión que si al apolítico, por ciego e instrumental, mercado le dotamos de subjetividad lo que se persigue es transformarlo en sujeto político en tanto poseedor de una realidad y/o de una función pública que pretende ser singularizada y reconocida frente a cualquier otra.

            En este sentido, el significativo título que estamos analizando no puede ocultar que sólo es la primera parte de una oposición política (amigo-enemigo) que se quiere poner en evidencia: “nosotros, los mercados; vosotros el Estado”.

            La cuestión ahora sería dilucidar cuál es la función política propia de esa institución que ya no se conforma sólo con asignar de manera eficiente bienes y servicios utilizando la información que le proporcionan los precios, y que se presenta en sociedad como “nosotros, los mercados”.  

            ¿Ejecutar, legislar, juzgar?

           Legislar no, porque lo esencial está ya legislado y bastaría con cumplir el orden económico natural, esto es, respetar la propiedad y garantizar la libertad para que el funcionamiento automático de los mercados haga su trabajo.

          Examinar y sancionar mediante el temido, y tantas veces desobedecido, “juicio de los mercados” sería su destino político.   

          Un juicio diferente al reglado y contradictorio propio del Poder Judicial, por cuanto aquél se pretende semejante a alguna forma de las ordalías o “juicio de Dios”, donde las disputas se dirimen por medio de la lucha y donde el resultado de la misma obtenía el plácet de Dios. O lo que es igual, al vencedor de la batalla le hacía suyo la divinidad.  

         El “juicio de los mercados” vendría a ser una suerte de ordalías donde el  triunfo económico (el que gane más dinero en caso de empresas, y el que pague sus deudas por lo que respecta a los Gobiernos) obtiene la confianza del mercado que se manifiesta a través de un veredicto  favorable en forma de nuevos créditos.   

          Si en el procedimiento judicial propio de los Estados de Derecho el Juez resuelve después de escuchar las razones de las partes, en las ordalías la instancia decisora sacraliza, como autoridad suprema, un resultado previo.

          Así, en el  “juicio de Dios”, Dios acepta que el ganador sea su elegido; en el “juicio de los mercados”, el mercado acepta que la empresa cuyas acciones se revalorizan de manera constante y el Gobierno que obtenga y conserve la “triple A” cuenten con su  bendición.

          Nos quedaría por establecer lo más difícil, esto es, la eficacia política de esta algo más que opinión económica.

            Ya dejamos sentada como primera conclusión que la subjetividad que ese “nosotros” concede a los mercados no tiene otra misión que dotar a éstos de voluntad.
       Si a esto añadimos que la manifestación de su voluntad se realiza mediante la forma de ordalías, esto es, como sanción de una instancia superior, el “juicio de los mercados” busca convertir sus fallos en ejecutivos con la misma fuerza que una sentencia judicial. Es su destino en tanto voluntad mayestática: realizarse.

           Ahora bien, ¿pueden los Gobiernos hacer oídos sordos impunemente al “juicio de los mercados”  planteados como ordalías y rebajarlos a la condición de simples dictámenes no vinculantes?

         La mera posibilidad de que la respuesta pueda ser “no”, obliga a caracterizar a “nosotros, los mercados” como el Quinto Poder.

           Un Poder con rasgos esquizofrénicos, pues lo abanderan los economistas o los intelectuales que odian al Poder, aunque lo necesiten para garantizar el cumplimiento de sus solemnes veredictos. 

            Demente o no, titular un libro “nosotros, los mercados” es un intento, desconozco si consciente, de institucionalizar el “juicio de los mercados” como Quinto Poder, pasando por alto el problema de su articulación política.

             Por ello, quiero terminar echando mi cuarto a espadas proponiendo una forma histórico-política que le permitiría conllevar la cruz que supone ser un Poder que se quiere antipolítico: una liga de paraísos fiscales.    

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           Penúltimo "juicio de los mercados": en Italia "nosotros, los mercados" dictaron su veredicto antes y después de las últimas elecciones, pero nadie parece hacerles caso. Servidumbres de ser Quinto en la fila del Poder.